Crisis en el Colegio de Arquitectos por el recelo a obligar a los promotores a hacer pisos sociales

Crisis en el Colegio de Arquitectos de Barcelona (COAC) a propósito de la modificación del planeamiento que impulsa el gobierno de la alcaldesa Ada Colau para obligar a los promotores privados a destinar un 30% de sus proyectos a vivienda social. La presentación por parte del Colegio de alegaciones a la norma en las que piden que el proyecto tenga mayor consenso y expresan reservas sobre su seguridad jurídica, además de pedir una moratoria de dos años en su aplicación, ha levantado ampollas entre algunos colegiados, que firman el manifiesto ¡No en nuestro nombre! en la plataforma Change.org. Consideran que las alegaciones "boicotean el derecho a la vivienda".

La decana del colegio, Assumpció Puig, asegura que las alegaciones se han malinterpretado, que el COAC defiende la vivienda protegida y que "para que salga bien, el nuevo planeamiento tiene que estar blindado para que cuando llegue a la aprobación definitiva en la Generalitat no tenga fisuras jurídicas".

El manifiesto lo firman arquitectos consagrados como Oriol Bohigas, Beth Gali, Josep Llinàs o Elias Torres; despachos jóvenes como Lacol, Straddle3 o Raons Públiques; y también asociaciones como Arquitectos Sin Fronteras, Arquitectura y Sostenibilidad o Arquitecturas Colectivas. Y ayer calentó las redes sociales, con duros mensajes de crítica al Colegio y apoyo a los firmantes de las entidades que luchan por el derecho a la vivienda: la PAH, la Federación de Asociaciones de Vecinos, el Sindicato de Inquilinos o el Observatorio DESC.

Los firmantes se declaran indignados por la postura del COAC y recuerdan que la modificación del planeamiento, aprobada inicialmente, da cumplimiento a una moción aprobada en el pleno municipal por mayoría que se apoya en la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007. "No entendemos que el COAC presente alegaciones a una medida necesaria para revertir el déficit histórico de vivienda asequible en la ciudad y exija, entre otras cosas, una moratoria de dos años para su aplicación, un retraso que puede provocar un alud de solicitudes de licencias de obras antes de su entrada en vigor", afirma el texto.

También considera que la institución "no está legitimada para hacerlo sin un debate previo y hablando en nombre de los colegiados" y rechaza la voluntad de hablar con "el sector, el mismo que nos empujó a la peor burbuja inmobiliaria que ha sufrido del país en décadas". "El COAC no se puede permitir continuar siendo ambiguo en la defensa del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Ante la emergencia habitacional toca estar al lado de las entidades y la ciudadanía", concluye.

La decana del Colegio insiste en defender que la voluntad es "estar en el debate para tener la oportunidad de mejorar" y que "sería muy triste que un planteamiento para aumentar el parque público de vivienda de forma novedosa no se pudiera aprobar por no estar bien trabado y blindado jurídicamente". Puig se reunió ayer con algunas de las entidades y arquitectos firmantes para explicarles sus argumentos con mayor proximidad que el intercambio a golpe de clic en las redes sociales. La tensión se rebajó, pero el manifiesto sigue sumando centenares de adhesiones.