Colau pacta con Trias un plan de choque contra los narcopisos

La crisis de los narcopisos, la venta de droga en pisos ocupados del Raval ha vuelto a protagonizar el pleno del Ayuntamiento de Barcelona. Hace justo un mes, en el pleno de abril, el gobierno de la alcaldesa Ada Colau fue reprobado, a iniciativa del PSC, por su gestión del fenómeno. Este viernes, Colau ha salvado (con los votos de ERC) el pacto alcanzado con el PDeCAT para poner en marcha este verano un plan de choque de cinco millones de euros. Con estos recursos se reforzará la Guardia Urbana, las inspecciones y la atención social en el Raval y todo el distrito de Ciutat Vella, el más presionado por el turismo. Ciutadans, PSC y el PP han lamentado no haber sido invitados al pacto y se han abstenido tras expresar su malestar. La CUP ha votado en contra tras acusar a Colau de “caer de cuatro patas en las premisas de la derecha”. 

La alcaldesa y el exalcalde Xavier Trias se han querido hacer una foto a primera hora de la mañana para hacer visible el acuerdo. “Celebramos la actitud de mano tendida”, ha aplaudido Trias, que ha presumido de haber conseguido concretar con cifras la primera versión del texto del plan de choque. Al espacio público se destinarán diez auxiliares y cinco personas inspeccionarán pisos. Para luchar contra la venta de drogas se destinarán dos patrullas más de la Guardia Urbana. Y en el capítulo de atención social habrá 23 educadores y cuatro equipos de limpieza trabajando.

Colau, a su turno, ha agradecido el tono del PDeCAT y ha afirmado: “No podemos permitir que el narcotráfico se apodere de un barrio emblemático como el del Raval”. La alcaldesa también ha insistido en su ruego de que la oposición no haga electoralismo con la cuestión. Solo ERC se ha sumado al pacto. “Nos parece bien, votaremos a favor porque estamos para ayudar a la ciudad. Pero digamos la verdad, han pasado tres años, le ha faltado llegar al último para afrontar el problema”, ha reprochado el republicano Alfred Bosch a Colau.

Pero el pacto alcanzado con Trias ha sentado mal en las filas de Ciutadans, el PSC y el PP, que se han abstenido. Carina Mejías, de Ciutadans, ha lamentado que sus “seis mociones sobre la cuestión no hayan tenido respuesta”. “Y ahora aparecen con sus nuevos mejores amigos presentando un pacto del que no tenemos noticia”, ha espetado. Visiblemente molesto, el socialista Jaume Collboni ha negado, como ha afirmado Gerardo Pisarello, haber participado en el pacto y en cambio ha recordado que hace un mes presentó “34 medidas de choque, elaboradas por ex concejales socialistas”. El socialista ha asegurado además que durante el actual mandato la inversión municipal por habitante en Ciutat Vella ha caído a la mitad respecto al último mandato socialista (de 2.285 euros a 1.117).

Los ‘tuits’ de Torra

Por otra parte, el pleno ha acordado condenar y reprobar “todo tipo de actitudes y comentarios divisorios, excluyentes y de carácter xenófobo”, en alusión a tuits y artículos publicados por el nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, antes de asumir el cargo. La propuesta, del grupo socialista, no cita explícitamente a Torra pero Collboni sí que se ha referido a él en su argumentación. Han votado a favor del acuerdo, además de los concejales socialistas, los de BComú, Ciutadans y el PP; en contra, PDeCAT y ERC, mientras que la CUP se ha abstenido. En cambio, el pleno ha rechazado la proposición parecida del PP para que el consistorio desaprobara explícitamente mensajes y artículos de Torra por “inapropiados, ofensivos, xenófobos y contrarios a los valores y principios democráticos”. Solo PSC y Cs han apoyado la propuesta.

El pleno también ha aprobado una proposición del PDeCAT de apoyo a los profesores, funcionarios y cargos públicos “cesados o perseguidos” por la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno del PP, y que ha contado con los votos de BComú, PDeCAT, ERC, CUP y el concejal no adscrito. El portavoz del PDeCAT en el Ayuntamiento, Jaume Ciurana, ha hecho referencia a los profesores de El Palau de Sant Andreu de la Barca; a las 259 personas cesadas por “pura ideología”; los políticos que han abandonado el Estado, así como los organismos disueltos y las subvenciones paralizadas por el 155, según él.