Pactos y pactos

El ventajosísimo acuerdo presupuestario conseguido por el Partido Nacionalista Vasco con el Gobierno de Mariano Rajoy la semana pasada da pie a reflexiones de alcance diverso. Es notable, por ejemplo, ver a Ciudadanos uniendo sus votos a los del PNV (137 del PP+32 de C’s+5 de los jeltzales+1 de Coalición Canaria = 175) para consolidar el privilegio fiscal vasco; ese mismo privilegio que —en teoría— el partido naranja quiere suprimir en nombre de “la igualdad entre todos los españoles”. ¡Qué lejos queda aquella cancioncilla que Albert Rivera y sus padrinos intelectuales entonaban una década atrás, según la cual “los territorios no tienen derechos, sólo los tienen las personas”!

En clave catalana, el unionismo más ramplón y más reiterativo se ha lanzado sobre la ocasión para subrayar que, “a veces, cinco diputados valen más que diecisiete” (los que suman ERC y PDeCAT); para enfatizar “el modelo de Ortúzar y Urkullu” por contraste con la “irrelevancia” actual del nacionalismo catalán en Madrid; para contraponer el “pragmatismo” de unos al “fundamentalismo” de los otros. Según ciertas versiones, empresarios anónimos —porque no tengo noticia de que ni el Círculo de Economía ni ninguna patronal se hayan pronunciado al respecto— “reclaman a la Generalitat que negocie como el PNV”.

Las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Y el interesado coro al que acabo de referirme finge ignorar unos cuantos, sobre todo uno: que las negociaciones, los acuerdos y las concesiones, de carácter económico o competencial, entre los sucesivos Gobiernos centrales y el nacionalismo vasco no tienen, en la política española, un impacto, unos efectos ni remotamente comparables a los del más mínimo amago de compromiso con Cataluña.

El PNV acaba de suscribir con Rajoy un entendimiento vital para el futuro parlamentario de éste, y lo ha hecho en el momento en que los escándalos de corrupción devoran al PP en toda la España donde ha gobernado o gobierna. Sin embargo, fuera de alguna queja de EH Bildu o del Podemos vasco, tal circunstancia no ha sido objeto de reproche alguno en el resto del país. Y bien, ¿se imaginan ustedes las reacciones, si el salvavidas del PP gobernante y corrupto hubiera sido CDC, o el PDECat? No se lo imaginen, no hace falta: basta bucear en la hemeroteca del trienio 1993-96, cuando los convergentes hacían de muleta de un felipismo sacudido por los escándalos y forzado a ceder el 15% del IRPF: “no puede ser que las regiones ricas sean cada vez más ricas, y las pobres más pobres”, clamaban los portavoces de la derecha española antes de preguntarse retóricamente “en nombre de qué idea política, de qué principio ético se puede apoyar a este Gobierno [DEL PSOE] mendicante y claudicante”.

Ahora, en cambio, no hay ni mendicidad ni claudicación, ni tampoco chantaje. Si, en lugar de Josu Erkoreka augurando “15 años de paz fiscal”, hubiesen dicho algo parecido Joan Tardà o Gabriel Rufián tras un hipotético acuerdo presupuestario entre el Gobierno y ERC, la polifónica del unionismo habría corrido a recordar que lo contrario de la paz es la guerra, y que ese lenguaje belicista y agresivo traslucía el fondo totalitario del soberanismo...

PP y PNV afirman al unísono que su acuerdo “no perjudica a nadie”. Pero es evidente que la rebaja en 569 millones de euros del Cupo anual, más la devolución a Euskadi de 1.400 millones supuestamente cobrados de más por el Estado en la última década sí perjudica, pues detrae recursos de la caja común; vamos, que la sobrefinanciación vasca es infrafinanciación de los demás. Esta realidad palmaria ha provocado fugaces síntomas de malestar o decepción en Galicia, en Valencia, en Extremadura o en Andalucía. Pero ni el PSOE andaluz ni el extremeño han destapado el tarro de los agravios territoriales, como sí hicieron cuando Cataluña reclamó un pacto fiscal; y a nadie se le ha ocurrido recoger firmas contra el acuerdo Rajoy-PNV, menos aún llevarlo al Constitucional. Nadie, tampoco, ha tachado a los nacionalistas vascos de ventajistas, fenicios, semitas —epítetos familiares a los oídos del nacionalismo catalán desde hace décadas—; nadie, en fin, ha sugerido que, si los vascos quieren privilegios, antes “devuelvan” a los inmigrantes españoles establecidos en Euskadi.

Y, por favor, no me digan que el problema es la “deslealtad” catalana. Lustros antes del procés, en el zénit de ETA y del PNV de Arzalluz, Madrid pactaba con Vitoria sin escándalo alguno.

Joan B. Culla es historiador.