La Generalitat plantea a las eléctricas modificar la ley de pobreza energética

Ni la Generalitat ni el Ayuntamiento de Barcelona ni el mundo municipalista han logrado que las eléctricas se avengan a firmar los convenios contra la pobreza energética establecidos en la ley 24/2015. Endesa y Gas Natural siempre han criticado la falta de seguridad jurídica de la norma y de ahí que el Departamento de Empresa se plantee modificar un artículo para intentar seducirlas. El nuevo redactado, que está siendo negociado con todas las Administraciones, acaba con el silencio administrativo aunque mantiene la obligación de las empresas de preguntar a los servicios sociales antes de hacer un corte.

El cambio también será consensuado con los promotores de la Iniciativa de Legislación Popular (ILP) que dio origen a la ley, como la Alianza contra la Pobreza Energética (APE). Las Administraciones y los activistas tienen hoy una reunión prevista. Una portavoz de Empresa explicó que se trabaja para lograr acuerdos con las eléctricas pero no confirmó el alcance de la modificación.

El Gobierno central recurrió el año pasado la parte de la ley que tenía que ver con la vivienda pero dejó incólume la relacionada con la pobreza energética. El articulado establece dos herramientas para luchar contra este problema que no han sido bien recibidas por las eléctricas.

Por un lado, está el principio de precaución, que obliga a las comercializadoras a preguntar a los servicios sociales si un cliente es o no vulnerable antes de realizar un corte por impago. La ley dice que el Consistorio tiene 15 días para tramitar un informe de exclusión social. Si no, “se entiende que la unidad familiar se encuentra en situación de riesgo”, establece el artículo nueve.

La Generalitat, dicen fuentes de la negociación, plantea eliminar ese silencio administrativo y fijar un plazo más generoso para la tramitación. Esto, agregan las mismas fuentes, iría acompañado de más personal en los servicios sociales, lo cual ya está presupuestado en los contratos programa. Del total de solicitudes de informe en Cataluña, el 10% se rechazan; otro 10% se aprueban, y al resto se le mantiene el suministro por el silencio administrativo.

De otro lado, la ley 24/2015 pretende que Administraciones y compañías firmen convenios que sufraguen ayudas a fondo perdido para pagar al menos el 50% de la factura de los pobres energéticos y los programas para evitar el problema social. La ley no obliga a las eléctricas a suscribirlos, pues se trara de un acuerdo entre las partes.

Principio de precaución

La muerte de una anciana en Reus, a la que Gas Natural le había cortado la luz sin preguntar al Ayuntamiento y que los servicios sociales no tenía identificada como pobre energética, puso el foco en el principio de precaución. Muchos consistorios no pueden asumir la carga burocrática de revisar los listados de cortes para confirmar los casos de vulnerabilidad y la tragedia demostró que las empresas no cumplían la ley, aduciendo una falta de un reglamento que lo desarrollara.

Los promotores de la ILP no ven claro el objetivo de la modificación. María Campuzano, portavoz de APE, ve un ataque al principio de precaución, que considera el modo apropiado para llegar a familias no usuarias de los servicios sociales.

Las empresas justifican que quieren evitar los casos de “picaresca” y poner fin a la incertidumbre de no tener respuesta de los Consistorios. Las fuentes de la negociación explican que si se cambia el artículo nueve, las eléctricas están dispuestas a firmar los convenios fijados por la ley. Desde Endesa y Gas Natural aceptaron las conversaciones pero no entran en detalles. El cambio legislativo, de tirar adelante, se haría a través del trámite de lectura única en el Parlament.