Puigdemont pide “tranquilidad” a los funcionarios por el referéndum

Todo el simbolismo político. Ninguna trascendencia jurídica. Así será el acto conjunto que el Gobierno catalán celebrará mañana viernes en el Palau de la Generalitat. Será una muestra de cohesión interna y de determinación para convocar el referéndum de independencia antes de que finalice el próximo mes de septiembre. El president Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras todavía pactaban hoy el formato del evento, que finalmente se cerrará con la lectura de un manifiesto en el que mostrarán su compromiso de celebrar la consulta.

Desde Moncloa todavía existen sospechas de que el acto irá más allá y se establecerá una asignación de responsabilidades sobre cada consejero. Pero lo que se pretende es intentar dar por cerradas unas semanas marcadas por las cuitas entre el Partit Demòcrata (PDeCAT) y ERC, además de reiterar la apuesta por la consulta.

Es en ese contexto en el que el Ejecutivo convoca a todos sus miembros junto al resto de secretarios y directores generales, el armazón político de la Administración de la Generalitat.Todos ellos están invitados a firmar ese manifiesto.

Se deja fuera a los funcionarios, a quienes se intenta blindar de responsabilidades judiciales. Hoy mismo el presidente de la Generalitat les ha enviado una carta para pedirles “confianza y tranquilidad” porque, según afirma, el proceso se celebrará “a la manera catalana, democrática, seria, responsable y en positivo”. Sus palabras afloran los recelos instaurados en una parte de los trabajadores públicos de la Generalitat.

El evento conjunto de este viernes será la imagen más contundente que puede lograr en estos momentos Puigdemont para mostrar su voluntad de organizar un referéndum, ante las presiones que a diario llegan de la CUP para que fije la fecha y la pregunta y del Gobierno de Mariano Rajoy para que renuncie a él.

El equipo de Puigdemont ha evitado asumir las pretensiones de ERC. Los republicanos llevan tiempo reclamando que los consejeros del PDeCAT asuman solidariamente las acciones sobre el referéndum que aprueben ellos, conscientes de que toda la responsabilidad de organizar el referéndum recae sobre dos consejerías controladas por Junqueras: Economía y Hacienda y Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia (a cargo del independiente Raül Romeva). Sospechan que el PDeCAT solo está dispuesto a convocar la consulta con el objetivo de conseguir la inhabilitación de Junqueras, de forma que no pueda ser el candidato en las próximas elecciones autonómicas y la victoria de los republicanos —que las encuestas dan por hecha— quede tocada.

Pero Puigdemont y Junqueras se limitarán a leer un manifiesto con el que solemnizar su compromiso con la consulta. El Gobierno de nuevo extrema la precaución con la que actúa el Ejecutivo, que evitará hasta el último minuto que el Tribunal Constitucional pueda impugnar una acción de su Gobierno. Sus recelos tienen referentes: las sentencias de inhabilitación para los principales responsables políticos de la consulta del 9-N y las querellas de la Fiscalía contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por haber permitido aprobar resoluciones vinculadas al referéndum.