El juez vuelve a archivar el desvío de ayudas que la UE detectó en la Diputación de Ourense

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense ha decretado por segunda vez el “sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones” contra el ingeniero jefe de la Diputación de Ourense, Javier Bove, único investigado en el caso de las depuradoras: la adjudicación por la Diputación de más de cien de estas plantas por más de 10 millones de euros de fondos comunitarios y que no llegaron a funcionar.

El magistrado Luis Doval, que ha relevado a Antonio Piña en este juzgado ourensano, ha considerado que no quedan “debidamente acreditados” los hechos denunciados por los grupos políticos PSOE y BNG, alentados por la OLAF (Oficina de Lucha Antifraude de la Comisión Europa) y por los que solo fue investigado Bove en tanto que redactor del pliego de condiciones que según los técnicos de Bruselas se “ajustaban como un guante” a la propuesta de la empresa SMA, a la que se adjudicó el contrato.

El juez suscribe además la tesis del fiscal de que los supuestos delitos de tráfico de influencias y fraude de subvenciones “estarían prescritos”, de la misma forma que el de falsedad documental, ya que los hechos se remontan a los años 2003-2004. El magistrado sostiene que dado que solo se ha dirigido el procedimiento judicial contra el ingeniero de la Diputación “no puede imputarse a una persona concreta la supuesta influencia sobre él” para que SMA consiguiera hacerse con la adjudicación.

Es la segunda vez que el Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense archiva esta causa. En 2015 la Audiencia Provincial ordenó la reapertura al entonces titular de ese juzgado, Antonio Piña, actualmente presidente de la propia Audiencia. Los magistrados del tribunal provincial entendían que la “irrelevancia penal” que Piña le daba en el auto de archivo no era tal. Lo conminaron a continuar la instrucción por un supuesto “irregular comportamiento” de la Diputación de Ourense con contrataciones subvencionadas con más e 10 millones de euros de fondos comunitarios. Junto a ello, la Audiencia tildaba de “escasa” la instrucción, dado que el juez solo había citado a declarar a los implicados en las contrataciones, “bien técnicos de lal Diputación, bien técnicos de la empresa”, que “estarían interesados en diluir sus posibles responsabilidades”.

El nuevo auto, contra el que cabe recurso, invalida como el anterior las conclusiones de las investigaciones de los técnicos que la UE envió a la provincia de Ourense. Sostiene Doval en su auto que las declaraciones, “en especial las de los técnicos o empleados de la propia Diputación Provincial y las de los representantes de otras empresas que participaron en el concurso” no corroboran las tesis de los expertos en anticorrupción de Bruselas y “no ha quedado acreditada una vinculación con la empresa adjudicataria” por la Diputación, ni “indicios serios y concretos de la intención de favorecer a la empresa SMA”.

Considera igualmente justificable el juez la variación de fechas que aparecía en las certificaciones. “Bien pudiera deberse a un simple error tal y como argumenta de forma profusa y coherente la parte investigada en su escrito de 10 de noviembre de 2016, de forma que no constituye título suficiente de imputación ni cabe apreciar falsedad documental”, sostiene el magistrado que, en consecuencia, ordena el sobreseimiento provisional “por no resultar indicios suficientes contra el investigado”.

La justicia ya había eximido en 2015 a la Diputación, también por “prescripción” del supuesto delito, de devolver los más de 10 millones de euros con los que Bruselas financió las depuradoras y que Hacienda reclamaba al organismo provincial.