El TSJC juzgará a Mas el 6 de febrero por la consulta del 9-N

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) juzgará del 6 al 10 de febrero próximos al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) al mantener la consulta independentista del 9-N. En un auto, el TSJC ha notificado este viernes la fecha del juicio del 9-N. La vista será presidida por el presidente del tribunal, Jesús Maria Barrientos, que también será el ponente de la sentencia.

Mas ha asegurado hoy que irá a juicio con la "cara bien alta" y sin "ningún problema", pues considera que cumplió con su "deber". El expresidente ha recalcado que, en su opinión, se les juzga "por las ideas, por escuchar a la gente, por poner las urnas y por defender la libertad y la democracia".

El tribunal que juzgue a Mas estará formado por tres magistrados: Barrientos, Carlos Ramos (que también forma parte de la sala civil y penal del TSJC) y un tercer juez aún por designar. La sala civil y penal del TSJC es el órgano competente para juzgar a Mas. El problema es que solo dos de los magistrados de esa sala (Barrientos y Ramos) "no han tenido participación en la instrucción del presente procedimiento", señala en un auto el tribunal. El resto de miembros de la sala han resuelto recursos o han tomado alguna decisión sobre la instrucción de la causa del 9-N, lo cual les inhabilita para estar presentes también en la vista oral.

El TSJC ha ordenado ya que se ponga en marcha el "mecanismo de sustitución" que prevé el artículo 199.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ese artículo fija una serie de reglas internas para designar al sustituto.

Una vez esté conformada la sala, ésta decidirá sobre la petición de prueba de las defensas de Mas, Ortega y Rigau. Entre otros testigos, el expresidente de la Generalitat ha solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del ministro de Justicia, Rafael Catalá. La Fiscalía acusa a Mas de los delitos de desobediencia y prevaricación y pide para él una pena de diez años de inhabilitación.