El CTESC ve pocas garantías en la ley catalana contra los desahucios

El anteproyecto de la ley antidesahucios con la que la Generalitat pretende reemplazar la norma recurrida por el PP genera dudas en el Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña (CTESC). El órgano consultivo del Gobierno catalán publicó ayer su dictamen sobre el texto, en el que asegura que “los mecanismos propuestos para la resolución de los casos de sobrendeudamiento y para aumentar el parque social de viviendas son insuficientes y no aportan garantías”.

El CTESC valora la celeridad con que la Generalitat ha buscado una alternativa pero pide puntualizaciones. “Para evitar inseguridad jurídica”, por ejemplo, insta a que se establezcan las condiciones materiales y económicas en las que se tienen que devolver las viviendas una vez acaba la expropiación temporal de uso.

El dictamen contó con dos votos particulares de Foment del Treball y Fepime. Las entidades consideran adecuado esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley antidesahucios y consideran que la norma “no puede obligar a los sujetos privados al despliegue de políticas sociales que tienen que llevar a cabo inexorablemente las Administraciones Públicas”.

La Generalitat espera que la ley se apruebe por lectura única en el Parlament este octubre. Un total de 15 entidades presentaron alegaciones al anteproyecto, entre las que están Cáritas, UGT, la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y la Plataforma pel dret a un habitatge digne.