La fiscalía investiga a un alto cargo por dar contratos a un hijo de Pujol

La fiscalía investiga a un alto cargo de la Generalitat por los contratos que adjudicó a empresas vinculadas a la familia Pujol y afines a Convergència. Tras examinar una denuncia de la CUP, el ministerio público aprecia indicios de irregularidad en los informes que el Servicio Meteorológico de Cataluña —dirigido por Oriol Puig, hermano del exconsejero nacionalista Felip Puig— encargó, entre otras, a una consultora controlada por Pere Pujol Ferrusola, uno de los hijos del expresidente catalán Jordi Pujol.

La investigación se dirige, por prevaricación y fraude, contra Oriol Puig y los responsables de cuatro empresas que cobraron distintas cantidades por estudios jurídicos e informes ambientales que, según la CUP, no tenían ninguna justificación. El origen de esos contratos es el proyecto para construir un centro meteorológico en la cima de la montaña del Turó de l’Home, en Barcelona. El objetivo era crear una nueva instalación científica —bautizada como Centro de Referencia de la Meteorología de Cataluña, CRMC— que sustituyera al viejo observatorio. El proyecto no ha visto la luz.

Puig sabía de antemano, siempre según la denuncia de la CUP, que el proyecto no podía salir adelante. Entre otras cosas, porque la cima del Turó de l’Home forma parte de un plan especial de protección del Montseny y está sujeta, por tanto, a importantes restricciones urbanísticas. Pese a ello —de ahí el presunto delito de prevaricación que le atribuye la formación anticapitalista— “promovió trámites administrativos” para “beneficiar a empresas a fines”.

Oriol Puig fue nombrado director en 2011, durante el primer gobierno de Artur Mas y mientras su hermano Felip Puig ejercía de consejero de Interior. Dos años más tarde, en 2013, el Servicio Meteorológico de Cataluña —órgano que depende de la Generalitat— y la Diputación de Barcelona firmaron un convenio de colaboración para impulsar el proyecto. De la partida presupuestaria destinada a ese fin (248.000 euros), una parte fue a parar a manos de cuatro empresas para que elaborasen una serie de estudios que avalaran el proyecto. Esas adjudicaciones directas —se trataba de contratos menores— fueron “arbitrarias e ilegales”, según la CUP; más aún, si se tiene en cuenta quién hay detrás de las empresas.

Una de las firmas beneficiadas fue Entorn SA, la consultora de Pere Pujol Ferrusola que ha ganado contratos de diversas administraciones públicas. Entorno realizó el informe de evaluación ambiental. Hasta el año pasado, Carles Sumarroca Coixet ejercía como presidenta de la sociedad.

La segunda firma implicada es UBBU Arquitectura, un estudio del arquitecto Marc Paré. Este último coincidió en el consejo de administración de Aeria Inversiones Aeronáuticas con Oriol Puig, que ejerció el cargo hasta su nombramiento como alto cargo de la Generalitat.

Los otros dos contratos fueron a parar a Engiteam Enginyeria y a Ingenieros Consultores Barenton, a quienes se les adjudicó “unas ficticias necesidades de estudios”, según la CUP. El partido considera que en este caso ha habido “desplazamientos patrimoniales ilícitos” y que Puig y que las decisiones “están tomadas al margen del procedimiento administrativo”.