El sumario revela la obsesión por recaudar de Alfonso Rus

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Alcanzar el poder para “recaudar”. La Guardia Civil describe con crudeza las motivaciones del expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial Alfonso Rus, detenido en enero como presunto cabecilla de la red Taula, en un nuevo informe del caso. Lo hace al hilo de la adjudicación “a dedo” y “amañada” de un centro de gestión tributaria por 842.975 euros.

“A lo largo de la investigación se ha podido constatar cómo existía un elevado interés por parte de Rus y otros investigados para alcanzar la presidencia de la Diputación de Valencia. La consecución supondría mayor capacidad de gestión de presupuesto y un cambio en la forma de recaudar dinero procedente de comisiones”, señala la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe de 106 páginas sobre el que este viernes levantó el secreto de sumario el juez Víctor Gómez.

Rus vio las posibilidades de Impulso Económico Local Sociedad Anónima (Imelsa), la gran empresa de la Diputación, “por el elevado presupuesto que manejaba y por la gran variedad de campos” que tocaba. Y puso al frente a un hombre de confianza, Marcos Benavent, “que desde años atrás había demostrado su elevada capacidad recaudatoria para los fines del que era presidente del PP de Valencia, Alfonso Rus Terol”, concluye la Guardia Civil.

No pagaba ni el agua

Benavent, ahora arrepentido, ha detallado al juez la adjudicación “amañada” de un centro de atención tributaria “coloquialmente denominado call center. Para ello, tanto Rus como otros cargos de la Diputación ejercieron “distintas presiones” sobre los funcionarios que tramitaron el jugoso contrato. Unos hechos corroborados por la UCO mediante la declaración de testigos, escuchas telefónicas, examen de correos electrónicos y material recabado en registros.

En la mezcla de novela negra y del corazón que a veces parece el caso Taula, el beneficiario de la adjudicación fue el entonces suegro de Benavent. El mismo que en 2014 dio pie a la investigación al entregar a Esquerra Unida las grabaciones que Benavent había hecho durante años en secreto y que recopilaban años de corrupción.

El negocio fue redondo porque la empresa del exsuegro apenas tuvo gastos: la Diputación pagó hasta el agua y la luz del call center. Pese a lo cual el servicio prestado resultó, según la UCO, “defectuoso e incompleto”.