Colau se muestra “indignada” por el recurso a la ley que impulsó la PAH

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha mostrado este mediodía "indignada" por la decisión del Gobierno español en funciones de recurrir ante el Tribunal Constitucional parte de la Ley 24/2015 de pobreza energética, vivienda y segunda oportunidad. Una decisión que ha explicado que afecta, sobre todo, a las políticas para afrontar la emergencia habitacional. "Impugna la parte de la ley que corresponsabiliza a las entidades financieras y grandes propietarios y nos da todavía más sobrecarga a los Ayuntamientos, que estamos obligados a buscar realojo; pero nos quita las herramientas para conseguir viviendas vacías y corresponsabilizar a los grandes propietarios y entidades en no desahuciar si no se puede ofrecer alquiler social", ha dicho.

Colau, que impulsó la ley como líder de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha abandonado por unos minutos el pleno del Ayuntamiento para "denunciar el atrevimiento y la imprudencia de un Gobierno en funciones que comete la arrogancia de recurrir" una ley que ha recordado que fue votada por unanimidad por el Parlamento catalán "tras ser impulsada por entidades de la sociedad civil y recoger miles de firmas".

La alcaldesa ha señalado que la ley recurrida "es un instrumento necesario para hacer frente a la situación de emergencia habitacional y los desahucios masivos que todavía se producen". Una situación que, ha añadido, "ha sido provocada en parte por el Gobierno del PP en connivencia con los grandes intereses financieros". "Los Parlamentos y ayuntamientos buscamos instrumentos para parar los desahucios y el PP se sitúa con los bancos contra la ciudadanía".

"Que tengan muy claro que el Ayuntamiento de Barcelona está con la ciudadanía y contra los abusos de poder. Con la PAH y la sociedad civil valoraremos el contexto y exploraremos nuestras capacidades para seguir actuando en defensa de los derechos humanos, como es nuestra obligación".

Durante el mismo pleno, unas horas antes, y a propuesta de ERC, se ha aprobado una proposición por la que el Gobierno municipal se compromete a obedecer la ley ahora recurrida.