El juicio contra Arraiz se celebrará el 9 de mayo

El juicio contra el presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, por supuesta pertenencia a ETA, se celebrará, finalmente, el próximo 9 de mayo en el TSJPV, después de que Dignidad y Justicia haya comunicado oficialmente este martes al Fiscal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, que no acepta el acuerdo para que el acusado pueda eludir la prisión. De esta forma, Arraiz se ve abocado a la celebración de la vista oral, en la que se enfrenta a entre seis años de prisión, solicitados por el Fiscal Superior por reconstituir la Mesa Nacional de la ilegalizada Batasuna "a las órdenes de ETA", y los diez años de cárcel que piden las acusaciones populares, representadas por Dignidad y Justicia y la AVT.

DyJ ha comunicado, de forma oficial, la decisión de la Asociación de "romper el acuerdo", que se planteaba en los mismos términos que la alcanzada en la Audiencia Nacional en este mismo proceso, en que 35 encausados aceptaron condenas de entre año y medio y dos años de cárcel, que no se ejecutarán, por un delito de integración en organización terrorista. El presidente de Sortu, renunciaba a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia y asumía el compromiso de contribuir, de esta manera, a la reparación de las víctimas del terrorismo por el sufrimiento causado. 

Cuando ya se esperaba solo a que el abogado del procesado, Íñigo Iruin, dijera que Arraiz aceptaba el acuerdo, cosa que ha hecho este mismo martes por la mañana con una llamada al Fiscal Superior, Dignidad y Justicia ha resuelto rechazar el pacto. Para ello, ha alegado que no quiere "traicionar a las víctimas del terrorismo". 

La causa se inició en la Audiencia Nacional, pero, al ser Hasier Arraiz parlamentario y gozar de aforamiento, su procedimiento pasó a manos de la Sala Civil y Penal del TSJPV. El presidente de alto Tribunal vasco, Juan Luis Ibarra, y los magistrados Roberto Sáiz y Nekane Bolado, serán los encargados de enjuiciar el caso. La Fiscalía vasca redujo la pena que pedía la Audiencia Nacional para el acusado de diez a seis años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público, de acuerdo con la actual jurisprudencia del Tribunal Supremo fijada en sentencias dictadas con posterioridad a la fecha de la anterior calificación realizada por el ministerio público.