Consumo investiga 18 denuncias de corte de suministros a pobres

Las entidades sociales, la Generalitat y los partidos políticos hicieron ayer, cada uno a su manera, una defensa de la Ley 24/2015, contra los desahucios y la pobreza energética. El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy sopesa llevarla ante el Tribunal Constitucional por considerar que invade competencias en energía. Desde la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) recuerdan que aunque falta un reglamento, parte de la ley está operativa. Según sus cifras —que la Generalitat no confirmó— hay al menos 18 denuncias ante Consumo por cortes a familias vulnerables.

La APE y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) decidieron salir a la calle para reivindicar que la norma surgió de su Iniciativa de Legislación Popular (ILP). Unas 300 personas se congregaron ante la sede del PP en la calle de Urgell y bloquearon la Diagonal como protesta. La posición del PP catalán es incómoda porque apoyaron la ILP en el Parlament, sin solicitar ni tan solo un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias.

“Al PP le molesta que la ley funcione, que movilice los pisos vacíos y ataque los intereses de los poderosos. Además, otras comunidades se están inspirando en ella para desarrollar sus propias normativas”, aseguró Carlos Macías, portavoz de la PAH. El Gobierno central tiene hasta el 5 de mayo para decidir si lleva la normativa ante el Constitucional, que precisamente el pasado viernes anuló el decreto ley catalán de 2013, que creaba la tregua invernal que impedía hacer cortes durante ese periodo del año. La Generalitat aseguró entonces que los consumidores vulnerables ya estaban a salvo por la Ley 24/2015.

El Gobierno catalán no se pronunció sobre la reunión que sostuvieron ayer técnicos de la Generalitat y del Gobierno central sobre la ley, paso previo para llevar el texto al alto tribunal. “Si se suspende iremos encontrando las fórmulas para garantizar que ninguna familia vulnerable sufre cortes de suministros”, dijo la portavoz de la Generalitat, Neus Munté.

El consejero de Empresa, Jordi Baiget, explicó ayer que se han evitado 30.000 cortes a personas pobres. “La ley se está desplegando”, aseguró para después confesar que no han funcionado tanto las negociaciones con las empresas suministradoras para que, como dice la ley, se llegue a acuerdos para “garantizar que concedan ayudas a fondo perdido”. “Hay empresas cuya predisposición no es todo lo necesaria que se querría”, dijo el consejero.

El PSC criticó que “han pasado nueve meses y el Gobierno no ha hecho un despliegue reglamentario de esta ley”. Catalunya Sí Que Es Pot pidió agilizar la redacción del reglamento (del que ya existe un borrador) antes del 5 de mayo, una idea a la que se adhirió Junts pel Sí y la CUP.