Un excargo de Unión Valenciana será juzgado por ocultar sus bienes

El exdirigente de Unión Valenciana Enrique Arnal será juzgado por haber ocultado presuntamente su patrimonio para evitar que le fuera embargado. Junto a él se sentarán en el banquillo otras seis personas, acusadas de haberlo ayudado a deshacerse de bienes que comprendían inmuebles, sociedades, automóviles y el contenido de cuentas bancarias.

Arnal fue teniente de alcalde de Montcada y director económico y financiero de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima (Emarsa), una empresa pública en la que según el juez instructor Vicente Ríos y la fiscalía se produjo un desfalco millonario. A Arnal y a otros directivos les fue impuesta una fianza solidaria de 22 millones de euros para asegurar una eventual restitución del dinero desviado. Poco después y con ayuda de su hermano, su expareja y otras personas, según la juez que ha termiando de instruir el procedimiento, cometió un delito de alzamiento de bienes "con la única finalidad de eludir el cumplimiento de las responsabilidades que pudieran acompañar a una eventual condena".

La fianza solidaria -que significa que es reclamable en su totalidad a cada una de las personas a las que se les impone- del juez Ríos desencadenó, supuestamente, otro alzamiento de bienes. El del exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises con el PP, Enrique Crespo, que también será juzgado acusado de ocultar, en su caso, que había ganado más de 12 millones de euros de la Lotería de Navidad.

Arnal reunió según la investigación una considerable fortuna que provenía, en parte, de negocios -como la pirotecnia Arnal-. Y en parte de los fondos defraudados a Emarsa, la sociedad que gestionaba la planta depuradora de Valencia y su área metropolitana, y a la que sus responsables cargaron una larga lista de gastos en joyas, viajes, noches en hoteles de lujo y actividades privadas, además de hacerle pagar cantidades millonarias por servicios inexistentes.

Cuando el magistrado Ríos requirió la relación de propiedades de Arnal para cubrir la fianza descubrió, sin embargo, que todos los bienes a su nombre se habían esfumado, salvo una moto de 10 años de antigüedad. Las operaciones sospechosas incluían la venta a su hermano de una empresa sin obtener "suma alguna" por ella.

La fiscalía solicita para Arnal y su expareja tres años de prisión. La misma pena solicita la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), propietaria de Emarsa hasta que esta fue liquidada por quiebra. La Abogacía de la Generalitat reclama dos años de prisión.