Condenada la exalcaldesa de Orihuela por falsedad documental
Lorente y otro exconcejal del PP deberá pagar una multa de 2.700 euros cada uno


Mónica Lorente, exalcaldesa de Orihuela con el PP, ha sido condenada como autora de un delito de falsedad documental en la adjudicación de unas obras. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad alicantina considera, sin embargo, que tanto Lorente como otro concejal cometieron el delito "por imprudencia grave", con lo que evitan la cárcel. La pena asciende a una multa de 2.700 euros y a la suspensión para cargo o empleo público por un periodo de nueve meses, además de pagar las costas del procedimiento.
La causa se inició con una denuncia de Los Verdes en la que acusaban al equipo de Gobierno local de adjudicar la remodelación de una plaza sin haber concluido el correspondiente expediente administrativo. Los trabajos fueron realizados por una de las tres empresas a las que el Ayuntamiento había invitado a participar a través de un procedimiento negociado sin que se hubiera producido la adjudicación. Los trabajos costaron 34.000 euros.
El delito de falsedad proviene del hecho de que la contratación formal se hizo semanas después de que las obras se hubieran realizado. La juez señala respecto a Lorente que, tratándose "de la persona que en el momento de los hechos representaba al Ayuntamiento y ejercía la dirección del Gobierno y Administración municipal, debió de actuar con la prudencia debida en el ejercicio de su cargo".
Y ello, agrega, "sin que como manifestó el ministerio fiscal, sea verosímil su afirmación en cuanto a que la obra de reforma realizada fuera 'una obra pequeña', pues en una localidad como Orihuela no cabe en ningún caso suponer que el desembolso por parte del Ayuntamiento de la cantidad de 34.380 euros sea frecuente y pueda pasar desapercibida. Y, menos aún, cuando la misma alcaldesa asistió al acto de inauguración de la plaza reformada".
La magistrada valora "las circunstancias concurrentes" del caso. Como favorable, "el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos, en el año 2008". Y como agravante, el cargo que ocupaban los condenados. Lorente era alcaldesa y Antonio Rodríguez Murcia "como concejal de infraestructuras, encargado por tanto de la formación, actualización y gestión de la información urbanística, así como de la protección de la legalidad urbanística".
Contra la sentencia, que lleva fecha de 30 de noviembre, cabe recurso de apelación ante la Audiencia de Alicante.
Lorente, que gobernó con mayoría absoluta Orihuela de 2007 a 2011, abandonó la política en mayo con duras críticas al PP. La exdirigente se encuentra implicada en otras causas judiciales, incluido el procedimiento por supuesta corrupción conocido como caso Brugal.
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