La Generalitat obliga a 1.832 nuevos contribuyentes a pagar patrimonio

La Generalitat ha decidido rebajar de 700.000 a 600.000 euros la cuantía del mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio, de modo que se amplía en 1.832 el número de contribuyentes obligados a declarar. El Consell ha creado una tarifa propia en este impuesto que supone, respecto a la estatal, el incremento de los tipos de gravamen en un porcentaje cercano al 25%.

El Ejecutivo valenciano prevé recaudar 29,11 millones de euros anuales, según ha explicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell el consejero de Hacienda, Vicent Soler, quien ha presentado el anteproyecto de ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2016. 

Soler ha estimado que el déficit de la Comunidad Valenciana se situará este año entre "el 2,2 y el 2,3%" del Producto Interior Bruto (PIB), incumpliendo por tanto el objetivo de déficit del 0,7% fijado por el Gobierno central.

El consejero ha criticado que el Gobierno anterior, del PP, "se fue habiéndose pasado del techo de déficit del 0,7%" y tras haber gastado más del 80% del presupuesto para este ejercicio. Al respecto, ha destacado: "Hay que abrir escuelas, pagar...", ha manifestado Soler, quien ha destacado que, por tanto, "del 2,2 al 2,3% de déficit no nos salvaremos".

El Consell ha aplazado al presupuesto de la Generalitat de 2017 una remodelación en profundidad del modelo tributario valenciano. "Tenemos una gran tarea pendiente pero en apenas unas semanas no hemos tenido tiempo", ha reconocido el consejero, quien ha anunciado que una comisión de expertos revisará el modelo impositivo vigente de manera que esté listo para las cuentas del año próximo.

El Consell, según ha anunciado la vicepresidenta y consejera de Políticas Inclusivas, Mònica Oltra, también ha aprobado la derogación del copago a personas mayores y con diversidad funcional en los centros de día y su eliminación "parcial" en los centros residenciales.

Según Oltra, con esta medida se pretende lograr el "equilibrio" entre el objetivo de eliminar el "copago confiscatorio" y conseguir el "encaje legal" para no tener problemas con la justicia. Además ha manifestado que se enmarca en la intención del Consell de "favorecer la autonomía personal" y no "llenar las residencias" como defendía el "modelo Cotino".

El pleno del Consell ha aprobado, por otro lado, un decreto que reduce 21 puestos de trabajo eventuales en la administración de la Generalitat, reducción que se traduce en un ahorro presupuestario de 658.000 euros.

Según ha explicado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, el decreto reduce de 95 a 74 el número de puestos de trabajo en la administración de la Generalitat ocupados por personal eventual. La reducción del número de funcionarios eventuales respecto a la situación anterior se traduce en un ahorro presupuestario de 658.032,12 euros.