Querella por prevaricación contra la cúpula policial

El titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) contra los mandos del cuerpo policial en la capital por supuesta prevaricación administrativa. Este colectivo acusa a dos responsables de haber archivado y no haber tramitado los expedientes disciplinarios contra el oficial Juan Manuel González Muñoz, actual responsable de la Unidad de Hortaleza.

APMU se ha querellado contra el jefe del departamento de Gestión Disciplinaria, Julián Paraíso Morales, y contra el anterior gerente de la Policía Municipal, Pablo Escudero. Según consta en el escrito de querella, el subinspector de la zona tramitó al menos siete expedientes sancionadores contra Juan Manuel González, cuando era responsable de la Unidad del Distrito de Centro, a la Unidad de Asuntos Internos entre noviembre y diciembre de 2010. Supuestamente el oficial incumplió sus funciones y desobedeció las órdenes de un superior.

La tramitación de los expedientes se remitió a Gestión Disciplinaria, cuyo responsable firmó el 31 de enero de 2011 una comunicación al mando de Asuntos Internos. En la misma le remitía las propuestas de sanción y la resolución de cada caso. Estas fueron devueltas sin firmar. “Dado el tiempo transcurrido, se ha producido la prescripción de la falta”, señala Paraíso.

Fuentes de APMU dicen que les sorprende que González Muñoz siempre se ha jactado de sus vínculos políticos y de conocidos en el ámbito interno del Ayuntamiento. “Resulta sorprendente que se le abran siete expedientes disciplinarios cuando era responsable del distrito de Centro y no se le imponga ninguna sanción por alguno y que todos se dejen prescribir”, señalaron fuentes del sindicato. El sindicato cree que ha habido “trato de favor” hacia González Muñoz.

El oficial ya se ha visto envuelto en otros procedimientos judiciales, sobre todo cuando era responsable de la Policía Local de Galapagar. Un agente de ese cuerpo le denunció como supuesto autor de un delito de coacciones, de falsedad documental y de abuso de autoridad. Otro funcionario también acudió a los juzgados y le acusó de los delitos de maltrato psicológico y de lesiones, de obstrucción y de prevaricación, además de usurpación de funciones.