Un juez de Valencia retoma el ‘caso F-1’ en el que está imputado Camps

El juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha retomado la investigación del caso Fórmula 1, la causa en la que está imputado el expresidente de la Generalitat Francisco Camps por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. El procedimiento, centrado en supuestas irregularidades en el Gran Premio que acogió Valencia entre 2008 y 2012, se ha visto interrumpido casi dos meses al perder la condición de aforado Camps, que niega que se produjesen ilegalidades.

El expresidente dejó de ser diputado a mediados de abril. El PP de la Comunidad Valenciana lo excluyó de las listas electorales del 24 de mayo, consolidándose con ello la pérdida del aforamiento. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, encargado de la investigación y enjuiciamiento de diputados regionales y miembros del Consell se declaró incompetente para continuar las pesquisas.

Camps ha afirmado que en la puesta en marcha de las carreras que discurrieron por el circuito urbano de Fórmula 1 se cumplió la ley, y que el Gran Premio fue “esencial para el posicionamiento de la Comunidad Valenciana de cara al exterior”. La Fiscalía aprecia, en cambio, "sólidos indicios delictivos" contra él, al haber utilizado presuntamente una empresa pantalla, Valmor Sports, para firmar los contratos de celebración de las pruebas con el patrón de la F-1, Bernie Ecclestone, cuando fue la Generalitat la que asumió el coste económico.

En el procedimiento están imputados también la exconsejera Lola Johnson y el antiguo campeón mundial de motociclismo Jorge Martínez Aspar. La investigación empezó con las denuncias presentadas por los socialistas y Esquerra Unida.

La Fiscalía ha pedido que declaren 60 testigos. Entre ellos, el presidente en funciones del Consell, Alberto Fabra, la alcaldesa en funciones de Valencia, Rita Barberá, y Ecclestone. Camps, que es licenciado en Derecho y miembro del Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat pero apenas tiene experiencia como abogado, decidió en febrero asumir personalmente su defensa. Johnson y Aspar pidieron que el procedimiento se remitiera a un juzgado ordinario. Camps solicitó que continuara en el Tribunal Superior. Al responderle negativamente, los jueces lamentaron que el expresidente planteara en su escrito "una cuestión que en modo alguno" desarrollaba jurídicamente.