La Audiencia Nacional anula el convenio colectivo de Navantia

La Audiencia Nacional ha propinado un varapalo a Navantia, la empresa pública de astilleros, al anular el convenio colectivo que se rubricó con la firma de delegados sindicales que habían sido desautorizados por sus centrales al no designarlos directamente los trabajadores. “El comité intercentros que suscribió el convenio no estaba legitimado para negociarlo”, dice la Sala de lo Social de la Audiencia en una sentencia fechada el 13 de febrero.

 El fallo estima parcialmente la demanda interpuesta en noviembre por CC OO y CIG contra un convenio que disgustó sobremanera en la ría de Ferrol, donde están dos de los siete centros del grupo naval en España. Los 2.200 operarios de Ferrol y Fene fueron los únicos que se pronunciaron en asamblea “por aplastante mayoría” en contra de un texto que interpretaron como un retroceso en derechos laborales.

Dos meses antes de recurrir a la vía judicial, CC OO y CIG ya habían impugnado el acuerdo sin éxito ante la Dirección General de Empleo. Los sindicatos llevaron su recurso hasta la Audiencia, que recrimina la existencia de “malas prácticas e irregularidades” ya que los miembros del comité intercentros no habían sido designados directamente por los trabajadores sino por sus federaciones sindicales. “La representatividad de sus firmantes ha brillado por su ausencia”, reprocha la Sala.

Navantia ya anticipó que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y defiende tanto “validez” del proceso como la necesidad de “un marco estable frente a la inseguridad jurídica”. La negociación entre los trabajadores y Navantia para redactar el convenio arrancó en marzo de 2010. Tres años después, UGT y CC OO firmaron un preacuerdo que el presidente del comité ferrolano, Ignacio Naveiras, de Comisiones, rechazó. El pasado 9 de septiembre, se rubricó con la firma de tres delegados de UGT, cuatro de los cinco de CC OO y uno de CSIF. Se opusieron CIG, USTG y CAT. El día anterior, la Federación de Industria de CC OO había desautorizado a sus representantes en la mesa, pero estos lo firmaron igual.

Al amparo de este convenio, la empresa despidió en diciembre a un trabajador con una incapacidad reconocida que pedía su recolocación en otro puesto, lo que provocó protestas de la plantilla.