La Xunta estudia vincular ayudas al deporte al combate del acoso sexual

Tres jugadoras de fútbol sala del Leis, un equipo de Pontevedra, denunciaron en noviembre al presidente del club, al que achacaron un trato degradante con connotaciones sexuales rayano en el abuso. Un juez rechazó admitir a trámite la denuncia pero consideró los hechos merecedores del rechazo social, una opinión que de entrada no encontró excesivo eco en la Xunta, que evitó abrir expediente al señalado. Tras las muestras de apoyo de la Diputación y la Marcha das Mulleres, la Secretaría Xeral de Deportes y la de Igualdade plantean ahora vincular las ayudas a las federaciones a un código ético para prevenir este tipo de situaciones, según indicó hoy en el Parlamento autónomo el secretario general para el Deporte de la Xunta, José Ramón Lete. El señalado niega los hechos.

El auto, recurrido ante la Audiencia Provincial de Pontevedra con el apoyo de la fiscalía, consideraba vagas las conductas descritas, entre las que se recogían comentarios e insultos machistas y diversas situaciones en las que el directivo manifestaba un ánimo lúbrico fuera de lugar. El juez señaló que de lo referido no podría deducirse un delito de trato degradante sino solo unas faltas por vejaciones, ya prescritas cuando se presentó la querella. También señalaba, sin entrar a analizar si los hechos eran ciertos, que cabrían otras medidas sancionadoras, fuera del derecho penal. “Mal irá una sociedad que solo sabe emplear tal instrumento y que solo entiende que se debe reprochar todo aquello que es delito, como si un acto por el hecho de no serlo ya no mereciera reproche social o respuesta desde las instituciones”, razonaba. La secretaria general de Igualdade de la Xunta, Susana López Abella, se declaró preocupada por el asunto pero rechazó tomar medidas administrativas precisamente con el argumento de que el caso sigue judicializado, según respondió la semana pasada a una pregunta parlamentaria de la diputada de AGE Eva Solla.

Las denunciantes y varias de sus compañeras, entre tanto, están ahora apartadas del equipo y sin posibilidad de cambiar de club, con el que siguen vinculadas. Como prueba de su implicación, Lete señaló en la comisión, esta vez ante una pregunta de la diputada del BNG Carme Adán, que se reunió tanto con las jugadoras como con el directivo para “mediar” y que este acepte dar la carta de libertad a las futbolistas. El abogado de las jugadoras, Javier Picallo, critica la maniobra, que entiende una nueva humillación. También señala que la vaguedad de la querella fue consecuencia de la propia dificultad de las afectadas para relatar los hechos y que pidió que el juez les tomase declaración justamente para aclarar las circunstancias.

El presidente del Leis, J. A. N., niega los hechos, que atribuye a una supuesta venganza del anterior equipo directivo, con décadas de experiencia en el club y al que destituyó de un plumazo. Estos, por su parte, señalan que la expulsión fue consecuencia directa de sus críticas al papel en este episodio del presidente, quien continúa en actitud desafiante: “Esto es una pataleta, si fuese tan malo como dicen podría pedir la pena máxima para ellas, que es de cuatro años según los estatutos de la Federación [de futbol] porque no han devuelto ni las equipaciones ni el material deportivo”. También dice que tomará medidas legales contra la Marcha das Mulleres, que ha apoyado a las jugadoras y le ha afeado su conducta.

El Leis femenino consiguió el año pasado el ascenso a Segunda División, con la plantilla ahora apartada. En la actualidad es colista de la categoría, con una victoria y 13 derrotas.