El Superior pone en duda la legalidad de la primera fusión municipal

Vuelve a estar sobre el tapete la legalidad de la primera fusión municipal en España desde 1981, la de las localidades coruñesas de Oza y Cesuras, llevada a cabo en solitario por el PP hace año y medio. Pero esta vez es el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el que plantea dudas jurídicas sobre un proceso muy cuestionado por la oposición municipal y, de momento, único en el territorio nacional. A instancias de los socialistas, que al igual que los nacionalistas siempre rechazaron esta unión, el alto tribunal gallego se plantea cuestionar ante el Constitucional la fusión. Considera que debe emitirse una sentencia para determinar si es contraria o no a la Carta Magna.

Las dudas jurídicas siempre estuvieron presentes desde el mismo momento en que, a bombo y platillo y con ánimo de dar ejemplo a todos los demás ayuntamientos, el presidente de la Xunta, Alberte Núñez Feijóo, anunció la intención de integrar en uno estos dos municipios cercanos a Betanzos y gobernados por el PP desde hace décadas.

El embrollo viene de que la ley gallega de administración local, de 1997, exige que una fusión sea aprobada por una mayoría reforzada de dos tercios de los ediles de cada ayuntamiento. Por el contrario, la norma estatal, reformada en 2003, estipula que basta con una mayoría absoluta simple. Es lo que tenía el PP en Cesuras, con lo cual insuficiente, según la ley autonómica, para aprobar la fusión. La propia Xunta sabía que el tema traía cola y faltaba seguridad jurídica. Pero decidió seguir adelante con el proceso tras recibir el respaldo del Consello Consultivo, que dictaminó que prevalecía la ley estatal sobre la gallega y que por tanto bastaba con una mayoría absoluta simple de los concejales para aprobar la fusión. El órgano consultivo amparó su dictamen en recientes sentencias del Constitucional.

Sin embargo, el Superior considera que el debate aún no está zanjado. Y da diez días tanto a los recurrentes, el PSdeG-PSOE, como a la Fiscalía para pronunciarse sobre la pertinencia de plantear un recurso de inconstitucionalidad. Un interrogante que empaña de nuevo una fusión marcada por múltiples avatares. El PP siempre se negó a atender las reiteradas peticiones de los socialistas de que aprovechase su mayoría absoluta en el Parlamento gallego para cambiar la ley y adaptarla a la estatal, lo que hubiera eliminado cualquier inseguridad legal.

“El Gobierno gallego no puede cumplir sólo la norma que más le convenga en cada momento”, reprochó el PSdeG. El partido de Feijóo, ante un intento de fusionar los municipios lucenses de Alfoz y O Valadouro meses antes de anunciar la unión de Oza-Cesuras, se opuso alegando justo lo contrario de lo que aplicó en el caso de las localidades coruñesas: que prevalecía la ley gallega y que por lo tanto era necesaria una mayoría reforzada para llevar a cabo la integración.