La Fiscalía acepta una pensión para Antonio Fernández

La Fiscalía Anticorrupción ha aceptado la última petición del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, imputado en el caso de los ERE, y ha admitido que se le conceda una pensión mensual de 1.359 euros. En el escrito remitido al juzgado de Mercedes Alaya, el abogado del ex alto cargo alerta de la situación económica que arrastra Fernández desde que la juez embargara su patrimonio y sus cuentas bancarias. Asimismo, denuncia sus dificultades para encontrar empleo. Ahora, será Alaya la que deba pronunciarse sobre dicha solicitud.

Según fuentes judiciales, el ministerio público ha remitido al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla un escrito en el que no se opone a que se le conceda a Fernández una pensión de 710,47 euros para el pago de la hipoteca de su vivienda en Jerez y de 648,60 euros como salario mínimo interprofesional, informó Europa Press. Dichas cantidades —que no alcanzan los 1.840 euros solicitados— se cargarán a la indemnización embargada de 37.935 euros por su despido de la empresa González Byass.

La juez Alaya acusa a Fernández, imputado también en el caso de los cursos de formación, de cohecho, prevaricación, malversación y falsedad en documento mercantil. Le impuso una fianza civil de 807 millones de euros por las ayudas públicas concedidas por su departamento durante su etapa como viceconsejero (de 1995-2004) y consejero (2004-2010).

En el escrito remitido a la magistrada, el ex alto cargo denuncia haber sufrido “una situación de completo rechazo social” tras su puesta en libertad (estuvo en prisión entre abril y agosto de 2012). Asegura que sus intentos de encontrar trabajo han resultado “inútiles” y que ha agotado “toda clase de prestaciones, incluida la ayuda familiar”, por lo que “carece de medios económicos para atender a sus necesidades más básicas”. En este sentido, la defensa llega a asegurar que, de no contar con la ayuda de “ciertos próximos”, Fernández “se vería abocado a la pura indigencia”.

En cuanto al paso del caso por el Tribunal Supremo, el instructor Alberto Jorge Barreiro tiene previsto tomar declaración en febrero a los aforados señalados por Alaya en la causa que son de su competencia, entre ellos los dos expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, informó Efe. Según fuentes del alto tribunal, Barreiro está ordenando en estos días el sumario, que ha calificado como “confuso y complejo”.