El ‘caso Castor’ recae en un juzgado sin juez titular

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs será el encargado de instruir el caso Castor. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana informó ayer de que el decanato ha recibido la denuncia presentada por la fiscalía de Castellón contra este proyecto y que la ha repartido al juzgado correspondiente, que ha sido el 4. Este órgano mixto es el especializado en violencia sobre la mujer en ese partido judicial. Además, tal y como han confirmado desde el Colegio de Abogados de Castellón, se trata de un tribunal que en la actualidad no tiene juez titular y que está siendo cubierto con una jueza sustituta. Una situación que, indican, se ha prolongado durante varios años con otras sustituciones.

La plaza de juez de este juzgado de Vinaròs es una de las que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sacado a concurso para su provisión, según acuerdo de la Comisión Permanente del 9 de diciembre. La vacante se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 15 de ese mes y el plazo para presentarse finalizó la pasada semana. Desde el Colegio de Abogados de Castellón confían en que este juzgado pueda contar con titular a partir de marzo.

Diligencias

La Fiscalía de Castellón anunció el pasado diciembre que, después de un año de investigación (las pesquisas finalizaron oficialmente en octubre) y tras recibir el visto bueno de la Fiscalía General del Estado, se iba a presentar denuncia por “hechos aparentemente delictivos” relacionados con el proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas ubicado frente a las costas de Vinaròs y Alcanar. El ministerio público abrió diligencias de investigación penal a raíz de la crisis sísmica registrada en 2013 que provocó a posteriori la paralización de la planta.

La denuncia se dirige contra los responsables del Instituto Geológico y Minero (IGME), miembros de los ministerios de Medio Ambiente y de Industria que, según dijo la fiscalía, intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto, así como contra la mercantil Escal UGS, por delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente.

La fiscalía abrió de oficio la investigación el 3 de octubre de 2013, una semana después de que el Ministerio de Industria ordenara el cese de la actividad de la plataforma al haberse registrado doscientos microseísmos.