Barcelona ha cerrado 59 asociaciones cannábicas, el 35% de las que había

En una primera fase, durante el pasado verano el consistorio detectó 49 locales que incumplían la normativa de forma grave y causaban molestias a los vecinos, por lo que se tramitó su orden de cese por la vía de urgencia. De los 49, 38 fueron precintados, ocho cesaron su actividad voluntariamente y tres están en trámites de cierre.

Desde el verano ha continuado el llamado dispositivo "Sàtiva", durante el que se ha dictado la orden de otros 13 locales. Forn ha explicado que los responsables de los locales cerrados afrontan desde sanciones administrativas hasta causas penales. El objetivo último, ha subrayado, es que estos locales sean exclusivamente locales de autoconsumo para socios.

El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat trabajan en una regulación específica para estas asociaciones. Y precisamente las entidades reprochan a la administración que no la tenga a punto. Desde la Federación de Asociaciones Cannábicas Autorreguladas de Catalunya (Fedac), Ángel Benito, que ha presenciado la comparecencia de Forn y posteriormente se ha reunido con él, ha exigido a la administración que apruebe la normativa para que las entidades sepan qué condiciones deben reunir los clubes. "Que espabilen, hay muchas asociaciones que están sufriendo porque no saben qué tenemos que cumplir", ha criticado.

El pasado día 6 la Agencia de Salud Pública de Cataluña (ASPCAT) presentó un conjunto de “mínimos” para ordenar la situación de las asociaciones cannábicas que hay en Cataluña. La restricción de acceso a los menores de 18 años, la prohibición de vender alcohol u otras drogas dentro de los locales y horarios de apertura limitados son algunas de las condiciones que puso sobre la mesa la ASPCAT, que recogió la propuesta de resolución aprobada por todos los grupos parlamentarios excepto el PP. El documento deja a un lado la fase de cultivo y transporte y se centra especialmente en los aspectos más controvertidos desde el punto de vista de la salud pública. El objetivo de la nueva normativa es ordenar un sector cada vez más importante que solo en Cataluña cuenta con 165.000 socios y mueve cerca de cinco millones de euros al mes.