Imputados cinco cargos de la Xunta por la trama de los cursos falsos

 Ya son 30 los imputados en la Operación Zeta, un fraude millonario de subvenciones públicas en cursos de formación y empleo que investiga desde hace tres años el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña. Tres excargos de la Consellería de Traballo, destituidos en los dos últimos meses al figurar entre los implicados cuando se levantó en octubre el secreto de este abultado sumario, y dos responsables de Consumo, dependiente de Economía e Industria, integran la lista de los 23 nuevos imputados por la juez instructora. Vienen a sumarse a otros siete, entre ellos los considerados cabecillas de la trama, los empresarios coruñeses y militantes del PP Gerardo Crespo y Eliseo Calviño.

 Odilo Martiñá, que dimitió a finales de septiembre como director general de Traballo justo la víspera de ser convocado en la policía nacional, ante la que se negó a declarar, figura entre los imputados, sospechoso de tráfico de influencias y cohecho. El exalto cargo, que, según las pruebas recabadas en el sumario, cobraba unos 300 euros mensuales de una de las sociedades de Crespo, tendrá que comparecer ante la juez el 9 de abril. Idéntica imputación y citación recae en el que fue jefe territorial de Traballo en A Coruña Luis Alberto Álvarez Freijido y el exjefe de Servicio de Empleo, Joaquín Vila Sampayo. Ambos fueron cesados de sus cargos tras conocerse que figuraban en esta causa. Freijido dejó la Xunta en 2011 para ser alto cargo en la Diputación coruñesa, una plaza creada ex profeso por el gobierno de Diego Calvo (PP).

Imputadas por un presunto tráfico de influencias también están una jefa de servicio del Instituto Galego de Consumo, María Isabel Caramés, así como la directora de la Escuela de Consumo, Esther Álvarez. Ambos cargos deberán esperar al 14 de abril para comparecer ante la instructora y explicar las pruebas recabadas por la policía que apuntan a que amañaron con Crespo concursos y contratos por 123.000 euros. A diferencia de los exresponsables de Traballo, no fueron destituidas de sus cargos. La consellería que dirige Francisco Conde se limitó por ahora a abrirles expediente.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia, Héctor Cañete, también está ahora imputado, sospechoso de haber incurrido en cuatro delitos (fraude de subvención, estafa, malversación de caudales y falsedad documental). Son los mismos por los que también son imputadas las parejas de tres de los principales implicados, Crespo; Calviño, al frente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), y Luis Fraga, director de la Feria de Autónomos de Galicia. Estos tres hombres, así como Francisco Javier Pérez Bello, presidente de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), están en el epicentro de esta operación que investiga un fraude masivo a través de entidades ficticias creadas para captar fondos de las administraciones autonómica y estatal. Son en total más de 20 millones de euros los que están bajo investigación.

Imputado aparece además Sergio Diéguez Sabucedo, un abogado que figura entre los promotores de Hércules de Armamento, la empresa que acaba de lograr del Ministerio de Defensa la adjudicación de la fábrica de armas coruñesa. Y también múltiples empleados de Crespo. Fueron de hecho dos extrabajadores, con su declaración ante la policía en A Coruña, los que originaron la apertura de este sumario en diciembre de 2011.

El empresario Pachi Lucas, amigo personal del presidente Feijóo y que, según la policía, actuaba para esta red como conseguidor ante las administraciones, no figura, de momento, entre los imputados. Feijóo recalcó este hecho ayer para evitar de nuevo pronunciarse sobre su relación con Lucas. Y volvió a jactarse de que su Gobierno, meses después de la apertura del sumario judicial, remitiese al fiscal una serie de irregularidades en cursos concedidos al entramado empresarial de Crespo.