Paula Prado: “Actué siempre conforme a la ley y al derecho”

“Por fin he dado las explicaciones que durante mucho tiempo quería dar”. La diputada autonómica del PP y anterior portavoz de la dirección de los populares gallegos, Paula Prado, salió ayer del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia subrayando no sólo su satisfacción por haber podido dar su “versión” sobre los hechos por los que está imputada en el caso Pokémon, sino también su convencimiento de haber “demostrado” al magistrado que la investiga que su actuación como concejal de Santiago fue intachable. “Todas mis actuaciones han sido conforme a derecho y a la ley”, proclamó la parlamentaria tras responder durante casi dos horas a las preguntas formuladas en el marco de la investigación abierta por el alto tribunal, a instancias de la juez de Lugo Pilar de Lara instructora de la Operación Pokémon.

 En los hechos recabados en ese gran sumario de corrupción municipal que supera el centenar de imputados, hay en la conducta de Prado cuando pertenecía al gobierno municipal de Santiago indicios de la comisión de los delitos de fraude a la Administración pública y tráfico de influencias, según el Tribunal Superior, a quien corresponde la causa respecto a la diputada dada su condición de aforada. “Aclaré todas aquellas cuestiones sobre las que podría haberse generado alguna duda”, remachó ayer Prado a la salida del tribunal. Su declaración se demoró varias horas al estar precedida por la de dos agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera que, en calidad de testigos, relataron los informes de investigación en los que recaban pruebas y conversaciones telefónicas intervenidas que llevaron a la magistrada de la Pokémon, Pilar de Lara, a pedir el procesamiento de la diputada.

Prado, que se vio obligada a dimitir de portavoz del PP gallego en junio pasado por su implicación en el caso Pokémon, semanas antes de que el Tribunal Superior aceptase abrir diligencias para indagar los hechos que se le reprochan, está bajo sospecha al descubrirse, a través de pinchazos telefónicos, que, siendo edil de Santiago, se jactó de haber “metido un gol” al entonces alcalde de su partido, Ángel Currás, al haber presuntamente inflado una factura municipal en 3.000 euros por el espectáculo de La abeja Maya. Organizado por su amigo empresario Jesús Fuentes Maceiras, también imputado en la Operación Pokémon, costaba 8.500 euros pero el Ayuntamiento acabó pagando “once mil y pico más IVA”, se congratulaba Prado en esa conversación grabada. El alto tribunal también investiga la influencia de la diputada para enchufar en empresas con concesiones municipales pertenecientes al grupo Vendex, el epicentro de la trama de corrupción de la Pokémon, a personas afiliadas o afines al PP.