La juez amplía la causa contra un dirigente comunero de Vigo

Las sospechas sobre la gestión de la directiva de los comuneros de Cabral, en Vigo, no paran de crecer. La titular del juzgado de instrucción número 8 de Vigo ha ampliado la causa contra el presidente de la entidad, Luis Rodríguez, imputado por un presunto delito de apropiación indebida, al asumir en la misma causa una denuncia de la oposición por supuestas irregularidades en las cuentas de la entidad. La decisión ha obligado a aplazar sin fecha la declaración ante la juez de Rodríguez, que estaba prevista para este viernes.

El conflicto entre Rodríguez y los opositores estalló por el proyecto de Portocabral, un macrocentro comercial promovido por el fondo Eurofund Investments. Tras una asamblea para aprobar la operación que acabó con siete heridos y tres detenidos, la primavera pasada, los opositores se hicieron fuertes y terminaron frustrando al menos temporalmente la operación. El detonante del “no” al intercambio con Eurofund fue la revelación de otra operación urbanística no vinculada a este proyecto y llevada a cabo por Luis Rodríguez que “perjudicó los intereses” de la comunidad de montes, según reconoció la fiscalía, y sembró la desconfianza contra la junta directiva, que perdió la votación por un estrecho margen de votos.

La fiscalía abrió una investigación que trasladó posteriormente a la juez, que imputó a Rodríguez por apropiación indebida. Según el relato de la fiscal jefe del área de Vigo, Susana García-Baquero, el presidente de Cabral “vulneró la normativa reguladora” de las comunidades de montes. Los hechos que se investigan consisten en una permuta negociada por Rodríguez con el titular de una inmobiliaria en la que la comunidad de montes aportó 3.140 metros cuadrados de terreno industrial en la zona de Puxeiros, a cambio de 4.300 de terreno rústico clasificado como comunal. La comunidad desembolsó previamente 240.000 euros para completar la parcela que interesaba a la inmobiliaria. Según cálculos de la oposición, el valor los terrenos aportados por la comunidad superaba el millón de euros, frente a los apenas 100.000 en los que se calcula el de los recibidos a cambio.

El caso por el que ahora se amplía la investigación judicial tiene que ver con la aprobación de cuentas correspondientes a 21 meses, en lugar de hacerlo en años por separado, según los opositores para “ocultar una desviación de dos millones de euros”. Se trataría de un agujero que Rodríguez pensaba “tapar” con la operación para Portocabral. Los denunciantes reclaman responsabilidades a la junta directiva y que esta vuelva a presentar los presupuestos de 2012 y 2013 por separado.