Los jueces reclaman “voluntad política” contra la corrupción

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia valenciano, Pilar De la Oliva, reclamó ayer una “apuesta inequívoca” contra la corrupción. “Una delincuencia que se ha servido del amparo del propio Estado para materializarse”, “es difícil de destapar” y para cuya derrota “la voluntad política debe ser también inequívoca”, afirmó como representante de los jueces valencianos en la apertura del año judicial.

La magistrada reclamó “nuevas leyes, procedimientos revisados, informatización de última generación, policía experta a disposición de los jueces y magistrados” y “un número aceptable de funcionarios”. Y destacó la “situación excepcional de concentración de asuntos de corrupción” que ha vivido la Sala Civil y Penal del tribunal que preside, reservada primordialmente para cargos públicos de alto nivel: diputados de las Cortes Valencianas y consejeros de la Generalitat.

En un auditorio repleto de autoridades, incluidos el jefe del Consell, Alberto Fabra, y el nuevo presidente de la Cámara autonómica, Alejandro Font de Mora, De la Oliva planteó la pertinencia de un debate de calado: “Hay quienes abogan por modificar las competencias de las salas civil y penal y eximirlas de instruir y enjuiciar los asuntos que afecten a un tejido político del que depende económicamente en muchos casos, como consecuencia de las transferencias competenciales, y con el que se debe relacionar”. Esto es, los tribunales de justicia son ahora los únicos que pueden investigar y juzgar a los políticos de mayor rango. Y a la vez, los magistrados-presidentes de esos tribunales deben negociar con esos mismos políticos los medios materiales y humanos de la Administración de justicia en su comunidad autónoma.

De la Oliva tuvo por ejemplo al exconsejero Rafael Blasco como interlocutor en una etapa especialmente difícil (Correos suspendió el envío de notificaciones judiciales porque la Generalitat le debía 33 millones de euros). Poco después Blasco fue imputado por el Tribunal Superior y, en mayo, De la Oliva y otros dos jueces lo condenaron a ocho años de prisión.

La presidenta del Tribunal Superior, que cumple 25 años, reconoció que las infraestructuras han mejorado y ha habido refuerzos “para corregir las situaciones más dramáticas”. A pesar de ello, De la Oliva recordó que el Poder Judicial estima necesario crear 80 nuevos juzgados en la Comunidad Valenciana. Una situación que consideró "a todas luces inaceptable".