El Supremo aplaza la decisión sobre el primer juicio a la trama Gürtel
En el procedimiento se sentarán en el banquillo los cabecillas de la red de Correa Están acusados también una exconsejera y la expresidenta de las Cortes Valencianas


El Tribunal Supremo tampoco tiene claro qué debe hacerse con el primer juicio contra la trama Gürtel, el primero en el que, en principio, debían sentarse en el banquillo de los acusados los supuestos cabecillas de la red, acompañados por una exconsejera de la Generalitat valenciana y la expresidenta de las Cortes Valencianas, que se enfrenta a una petición de 11 años de prisión.
Cinco magistrados del Supremo han deliberado este miércoles sobre la espinosa cuestión competencial de quién debe enjuiciar esa pieza separada del caso, centrada en las adjudicaciones que las empresas de la red consiguieron con motivo del diseño e instalación del pabellón valenciano en la feria turística Fitur. Pero no ha llegado a una decisión y ha decidido elevar el asunto a un pleno no jurisdiccional al que están convocados los 16 jueces que integran la Sala Segunda del Supremo, que todavía no tiene fecha.
El enredo jurídico empezó con la dimisión como diputadas de la exconsejera Angélica Such y, sobre todo, de la expresidenta de las Cortes Milagrosa Martínez, cuando las sesiones del juicio, que debían haber comenzado en marzo, ya habían sido señaladas.
El Tribunal Superior de Justicia, que había instruido la causa y tenía previsto celebrar el juicio, decidió que ya no era competente para hacerlo dado que al dimitir como diputadas Such y Martínez habían dejado de estar aforadas, que es lo que concede competencia a ese órgano judicial.
La Fiscalía Anticorrupción consideró, sin embargo, que la dimisión de las diputadas encerraba un "fraude de ley", al perseguir con ello supuestamente cambiar el órgano judicial que iba a enjuiciarlas y demorar el momento de sentarse en el banquillo. Y recurrió la resolución del Tribunal Superior valenciano.
El Supremo confirma ahora la complejidad del asunto, al elevarlo al pleno de la Sala Penal, que probablemente no se limitará, según un portavoz del organismo, a resolver el caso concreto sino que establecerá un criterio general para casos parecidos: ¿cuándo queda cerrada la competencia de un tribunal de modo que resulta inamovible?
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