Madrid y Vitoria evitan otra disputa sobre competencias ante el Constitucional

Los Gobiernos central y vasco evitaron ayer otra disputa ante el Tribunal Constitucional en cuestión de competencias. El consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, firmaron ayer un acuerdo que evitará el recurso de inconstitucionalidad ante la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, ya que se “aclara” la interpretación de varios artículos, de forma que se "preserva" la competencia de Euskadi en materia de medio ambiente, según un comunicado del departamento vasco.

En la actual legislatura, los dos Gobiernos han alcanzado nueve acuerdos para evitar la presentación de recursos de inconstitucionalidad por invasión de competencias. El acuerdo firmado ayer cierre seis meses de una negociación entre ambos Gobiernos. De esta manera también contribuye a rebajar la tensión entre ambas partes a la espera de que se conozca finalmente la fecha de la ansiada reunión entre el presidente Mariano Rajoy y el lehendakari, Urkullu.

Según ambos ejecutivos, Euskadi estará presente en las consultas transfronterizas que entable el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación cuando una actuación vasca tenga efectos medioambientales en un tercer Estado o cuando la actuación de un tercer Estado tenga efectos medioambientales en Euskadi.

En este sentido, el Gobierno vasco recordó ayer que la redacción original de la Ley de Evaluación Ambiental “limitaba” la intervención autonómica en estos casos. Además, Euskadi considera “importante” que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente sea un órgano consultivo, de cooperación y de intercambio de información “y no un instrumento con capacidad de impulsar reformas legislativas autonómicas tal y como se pretendía en la ley española”.

No se puede aplicar la cláusula de prevalencia a las Comunidades Autónomas

Finalmente, en la valoración realizada por el Gobierno vasco se destaca que el acuerdo alcanzado “deja claro que no se puede aplicar la cláusula de prevalencia a las Comunidades Autónomas que no adapten su normativa a la española en el plazo de un año”.