Javier Maroto: “Marroquíes y argelinos viven de ayudas que pagamos todos”

Mientras su partido encauza el debate a la necesidad de controlar más las ayudas sociales que se conceden, tanto el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, como su compañero de partido, el diputado general de Álava, Javier de Andrés, ambos los principales dirigentes del PP que encabezan una institución en Euskadi y que aspiran a revalidar su cargo en primavera de 2015, insisten en poner el foco en determinadas nacionalidades. Maroto volvió este martes a hacer gala de su afán por hablar claro: “es una verdad como un pino”, ha dicho, que una “mayoría” de marroquíes y argelinos “viven de ayudas sociales que pagamos todos”.

El regidor vitoriano ha asegurado que “nunca” ha recibido “tanto respaldo en la calle” como tras las declaraciones relacionadas con los inmigrantes y las ayudas sociales. También en su partido ha recibido palmadas en la espalda y alabanzas a su “valentía” por tocar aspectos que “no son políticamente correctos”, aunque no son pocos los dirigentes del PP que se han centrado más en el sistema de ayudas que en el uso que hacen de él las personas inmigrantes de las nacionalidades que preocupan al regidor y parlamentario autonómico.

Lejos de refrendar esos apoyos, dentro de los muros del Ayuntamiento de Vitoria, donde gobierna en minoría, Maroto tuvo que afrontar, tras sus primeras declaraciones en esta dirección, que la oposición al completo le diera la espalda durante un pleno en el Consistorio. Este lunes, un grupo de personas pertenecientes a SOS Racismo volvió a mostrar su rechazo al primer edil durante el arranque de las fiestas, con pancartas en las que se exigía a Maroto que no hablara. Este martes, el alcalde, preguntado por las agresiones sexuales y de tintes racistas de las fiestas de la localidad vizcaína de Algorta, ha señalado que una “sociedad moderna no admite comportamientos sexistas o homófobos, las fiestas tienen que ser parte de esa sociedad”.

La renta media de los extranjeros no comunitarios está en 6.000 euros

En la sesión plenaria de hace quince días, los grupos le reprocharon que no aportara datos y se escudara en las percepciones y las quejas ciudadanas, que con la crisis han ido incrementando los recelos hacia la población inmigrante y su uso de los distintos servicios públicos. Los mismos estudios que muestran esta realidad elaborados por el Observatorio vasco de la Inmigración muestran también otro hecho: los autóctonos creen que en Euskadi viven más inmigrantes de los que en realidad hay.

Los datos que maneja el regidor se centran en que de los marroquíes empadronados en Vitoria el 59% ha sido atendido en algún momento en los servicios sociales de base, algo que ocurre también en el 57% de los argelinos. Personas magrebíes consultadas con este periódico subrayan que tienen dificultades para acceder a un mercado de trabajo en el que los puestos escasean y en el que las compañías prefieren contratar trabajadores autóctonos. Esto hace que el colectivo de extranjeros no comunitarios sea el más vulnerable. La renta media en España es de 10.043 euros por persona y de 6.000 euros en extranjeros no comunitarios, según datos de 2011. En ese año, el umbral de la pobreza estaba situado en 7.818 euros.

El PP vasco ha cargado también contra los controles de las ayudas sociales que concede el Gobierno vasco a través de Lanbide. La vigilancia aumentó con un cambio legal de 2011 impulsado por PSE y PP que ahora los populares consideran insuficiente y persiguen modificar. El Ejecutivo ya se ha mostrado reacio por entender que aún hay que “consolidar” los últimos cambios del sistema antes de introducir nuevos.