“El PP me castiga sin ayudas por denunciar al gobierno de Santiago”

Cuando leyó que siete concejales del PP de Santiago habían decidido pagar el abogado a un compañero imputado, Doris Sánchez lo denunció a la Fiscalía. En la propia denuncia reflejó su indignación porque el hecho se produjese “en los tiempos de insolvencia económica que viven cientos de ciudadanos que no han sido protegidos por el Ayuntamiento”, incluida ella misma, sin trabajo desde hace cinco años. Meses después, los siete concejales fueron condenados, lo que provocó el cambio de todo el gobierno local. El pasado 25 de julio, Doris leyó que el Rey invocaba al Apóstol en Santiago mostrando su deseo de “ir dejando atrás los tiempos de dificultad”, y se volvió a indignar porque la Casa Real le había contestado una semana antes que sus problemas están fuera de su “ámbito de actuación”. Así que ha decidido volver a denunciar, esta vez públicamente, no con la justicia por medio, lo que le contó por escrito al Rey. Que sospecha que el PP la está “castigando” sin las ayudas sociales a que tendría derecho con un propósito: “Que me largue”. “Por mi osadía de haber denunciado”, le dijo al Rey.

 Doris nació en República Dominicana (1957), pero es española y vive en Galicia desde que se casó con un gallego hace 12 años. No piensa en volver a su país de nacimiento, pero recuerda los puestos de trabajo cualificados que tenía allí y se lamenta de lo poco que le sirve aquí su licenciatura en Derecho. Tras divorciarse, los últimos siete años los ha pasado en pleitos con su exmarido, que por sentencia judicial le debería abonar una importante cantidad de dinero por sus bienes gananciales. No confía en que se produzca pronto, así que su situación actual está marcada por la crisis. En 2009 quedó en paro y desde entonces ha ido agotando todas las prestaciones.

En junio de 2013, cuando su situación ya era mala pero aún no tanto como ahora, leyó que el Ayuntamiento pagaría el abogado al concejal popular Adrián Varela, imputado por corrupción en el caso Pokémon. La Fiscalía acabó asumiendo como propia su denuncia, y hace dos meses los siete concejales responsables de esa decisión fueron condenados por prevaricación e inhabilitados, lo que desencadenó una crisis de gobierno, con la sustitución del alcalde Ángel Currás por el exconselleiro Agustín Hernández. Doris asegura que nadie la instó a denunciar, que fue una decisión propia de ciudadana comprometida, que no ha sido manipulada por ningún político y que incluso fue simpatizante del PP.

Antes de aquel momento, Doris reconoce que había intentado que el alcalde Currás mediase por ella ante los servicios sociales de Santiago, donde vivía entonces. Cuando se le dice que cargos y simpatizantes populares llevan tiempo diciendo en privado que lo que pidió a Currás fue un enchufe y que al no conseguirlo se vengó con la denuncia, Doris no se sorprende. “Enchufe, como enchufe, no”, dice, y asegura que solo le pidió “ayuda”. “Veía cómo amigos del PP, hijos del PP, todo el mundo estaba consiguiendo”, dice. Y recuerda su reacción cuando se comenzaron a destapar los presuntos enchufes municipales del caso Pokémon: “Me alegré de que no me hubiesen dado nada”.

Desde entonces, su situación ha seguido empeorando. Hace un año, Doris se mudó de Santiago a Milladoiro, en el vecino municipio de Ames. Allí tampoco ha tenido mucha suerte con las ayudas sociales. Su último salvavidas, la renta activa de inserción laboral, de poco más de 400 euros al mes, se le acabó en abril. En el Ayuntamiento le han dado alimentos, pero ni ayudas para el pago de las facturas básicas ni para transporte pese a que asegura que cumple todos los requisitos. Ella sospecha que es porque el alcalde, Santiago Amor, “también es del PP”. El Ayuntamiento de Ames no ha ofrecido su versión.

Doris asegura que tampoco Cáritas le ha prestado ayuda, pese a la vergüenza que pasó al pedirla. Pero no tiene explicación cuando se le pregunta si también se debe presiones del PP. Ahora está pendiente de que la Xunta resuelva sobre su petición de la Renda de Inserción Social de Galicia (Risga). La pidió hace más de tres meses y aún no tiene respuesta. Lo que tiene es una advertencia para que pague el alquiler de su piso y una gran indignación porque vincula su situación con su denuncia y posterior condena de los concejales del PP. “Cometí la osadía de denunciar, pero no me arrepiento, todo ciudadano tiene que defender sus derechos y el dinero público”, sentencia Doris.