El ministro, Otegi y los presos de ETA

Antes de valorar la política penitenciaria de Rajoy me gustaría entrar al fondo de la cuestión y situarla en el contexto real en el que se debe analizar la cuestión para luego explicar mi posición. De lo contrario se haría abstracción de lo ocurrido y se dejaría a un lado la memoria del drama que hemos vivido por culpa del terrorismo. Él ha provocado herencias a las que debemos tratar de dar solución desde el respeto a la ley, a los principios democráticos y, en especial, a los derechos humanos de todas las personas.

La clave reside en reconocer que el Estado de Derecho en España con todos sus instrumentos legales, la eficacia de los cuerpos policiales y la labor de los jueces, la colaboración internacional y el aislamiento de ETA en Europa, la movilización ciudadana junto al avance de la deslegitimación política del terrorismo entre la sociedad vasca y la política estratégica del anterior Gobierno, con el presidente Rodríguez Zapatero y el ministro del Interior Pérez Rubalcaba, consiguieron, con la colaboración de otras fuerzas, hacer realidad el desistimiento de las acciones terroristas y el final de ETA. Y entiendo que, en esta última fase, algo tuvo que ver Otegi, Rafa Díez y los otros tres encausados aún en la cárcel.

No podemos olvidar que un objetivo democrático largamente soñado y trabajado con sangre, sudor y lágrimas durante años, se hizo realidad en octubre de 2011 cuando ETA anunció el cese de su actividad terrorista. Los demócratas supimos leer que ETA había sido derrotada.

A partir de ese momento, se inició un complejo, largo y contradictorio proceso de normalización de la convivencia en Euskadi, llamado también proceso de paz, que, en mi opinión, debiera contemplar como objetivos:

- La disolución efectiva de ETA con la entrega de armas.

- La normalización de la vida política en Euskadi con el pleno respeto a los derechos humanos, el reconocimiento y la preservación de la memoria de todas las víctimas del terrorismo con el cierre final de las heridas provocadas por el terrorismo y la violencia.

- La convivencia de una ciudadanía plural, apoyada en un sistema educativo vasco de valores, en medios de comunicación que alimenten la concordia y la justicia, y en la consolidación de una cultura democrática, todo para que nunca más se vuelva a repetir el fenómeno del terrorismo.

- La petición de perdón por parte de quienes ejercieron y apoyaron las actividades terroristas.

- Y la reinserción social de los presos.

Sin embargo, el llamado proceso de paz requiere que se vayan dando pasos precisos y en base a una estrategia de Estado consensuada que permita avanzar en los objetivos señalados. Y en ello juega un papel fundamentalmente la actitud de la propia ETA con la entrega de armas y su desaparición; el ejercicio por parte de los presos de su derecho a acogerse a la reinserción individual y a los beneficios de la ley penitenciaria; y el paso pendiente del mundo político de Sortu con una declaración de condena del terrorismo y de petición de perdón a la sociedad por su apoyo y justificación a ETA.

Todo indica que la derecha no quiere tener en cuenta la nueva y esperanzadora situación creada tras la declaración de ETA"

Pero la gran dificultad de los pasos anteriores, más allá de todo voluntarismo, requiere la adopción de medidas inteligentes del Gobierno de Rajoy dirigidas a impulsar y favorecer las vías de reinserción social, fomentar la vía Nanclares que conlleva la desvinculación de ETA para un preso y la petición de perdón a sus víctimas, promover las experiencias de encuentros entre víctimas y autores de atentados, acordar la libertad condicional de los presos muy mayores y con enfermedades graves, y poner en marcha el acercamiento de los presos.

También cuenta el posicionamiento de otros agentes políticos y sociales en favor de que el PP flexibilice la política penitenciaria y deje a un lado su equivocado inmovilismo. Todo indica que la derecha no quiere tener en cuenta la nueva y esperanzadora situación creada tras la declaración de ETA en octubre de 2011. Así, el ministro del Interior dejó claro en una intervención en el Congreso, el 14 de mayo de 2014, que “hasta que ETA no se disuelva o el preso no se desvincule de ETA, no habrá acercamiento”. Posición que ni entiendo ni comparto. Tampoco apoyo esa otra actitud de tintes electoralistas del Gobierno Rajoy favorable a la permanencia en la cárcel de Otegi que ha cumplido las tres cuartas partes de la condena y a quien corresponde “controlar excesos y evitar tentaciones” tanto en el mundo del soberanismo radical como entre los sectores duros de ETA.

Hoy es inevitable hacerse algunas preguntas: ¿En qué aspectos considera el Gobierno que el acercamiento de los 500 presos de ETA a cárceles en el País Vasco —o próximas— incumplirían el Código Penal o la ley penitenciaria? ¿Tras el anuncio de la organización ETA, hace casi tres años, de poner fin a su actividad terrorista, en qué perjudicaría a la fortaleza del Estado de Derecho, a la mejora del clima de convivencia o al cumplimiento legal de las condenas, el final de la dispersión de los presos de ETA?

El Gobierno del PP se encierra en su inmovilismo y actúa como si nada hubiera cambiado. Pero los nuevos tiempos exigen que se adopten, dentro de la legalidad, medidas por los responsables de las políticas penitenciarias que vayan en la dirección de humanizar el tratamiento y la situación de los presos, consolidar el proceso y provocar un efecto de mayor distensión en la calle y en las cárceles. Estoy convencido de que un Gobierno del Partido Socialista así lo estaría haciendo desde hace tiempo.

Odón Elorza. Diputado al Congreso por el PSE-EE (PSOE)