El juez levanta el secreto de sumario de la causa de las facturas falsas de UGT

El juez del caso de las facturas falsas en UGT, Juan Jesús García Vélez, ha levantado el secreto de sumario de la causa, por lo que en los próximos días es probable que trasciendan los detalles de la investigación, tras aceptar el magistrado la personación de las partes que así lo soliciten.

En la Operación Cirene la Guardia Civil detuvo a 16 personas, entre ellas tres miembros del sindicato, empresarios y trabajadores de las firmas que facturaron a la central por conceptos que no correspondían con las subvenciones de la Junta. Todos los imputados quedaron en libertad tras comparecer ante el magistrado.

La acusación de la Guardia Civil contra la central es grave: los investigadores sostienen que UGT Andalucía se ha financiado ilegalmente en los últimos 12 años con dinero procedente de fondos públicos destinados a formación de trabajadores. El sindicato, en connivencia con empresarios de confianza de Sevilla, Jaén y Madrid, se financió supuestamente a través de tres métodos: el rápel —descuento que se concede a un cliente por alcanzar un consumo determinado—; elevando a la Junta facturas falsas de alquiler de aulas para el desarrollo de cursos de formación; y, por último, con lo que los propios responsables de la tesorería de UGT denominaron el bote: trasladar facturas infladas al Gobierno andaluz sobre compras ficticias de artículos para dichos cursos.

Por otra parte, la Operación Madeja dirigida por la juez Mercedes Alaya sobre comisiones desde la empresa Fitonovo a Administraciones andaluzas y canarias, cumplió ayer un año bajo secreto sumarial, una situación anómala en las investigaciones judiciales.