Llegan al fin al Supremo los 17 recursos contra la sentencia del ‘Prestige’

Seis meses después, el Tribunal Supremo podrá al fin empezar a entrar en materia y escuchar los argumentos jurídicos de las 17 partes, entre ellas los Estados español y francés, contra la sentencia de la Audiencia provincial de A Coruña que dejó sin culpable la gigantesca marea negra provocada por el Prestige en noviembre de 2002. El principal protagonista de aquella catástrofe y único condenado aunque sólo por un delito de desobediencia, el capitán octogenario del petrolero, Apostolos Mangouras, también está entre los que han decidido recurrir en casación un muy contestado fallo absolutorio.

La Audiencia coruñesa, tras nueve meses de juicio, dictaminó que no tuvieron responsabilidad penal en la catástrofe tanto el octogenario marino griego como los otros dos acusados, el jefe de máquinas del barco Nikolaos Argyropoulos y el exdirector general de Marina Mercante José Luis López-Sors. Una sentencia “que no se ajusta a derecho”, opina la Fiscalía del Estado, que con su recurso ante el Supremo intentará también de nuevo que se establezca, con una condena del anciano capitán, la comisión de “un delito ecológico con consecuencias devastadoras”.

El fiscal, que cifró en 4.338 millones de euros la factura de aquel desastre que tiñó de fuel 1.600 kilómetros de costa entre Galicia y el noroeste francés, busca, como principal acusación pública, que a través de Mangouras que se derive una responsabilidad civil directa del entramado empresarial del petrolero, sobre todo de su aseguradora británica, la única solvente que se logró señalar en el largo proceso judicial. El Estado español, a la vez demandante y acusado en el juicio, limitará su recurso ante el Supremo a pedir que la única y leve pena impuesta al capitán del barco -nueve meses de cárcel por un delito de desobediencia grave a las autoridades- conlleve, en contra de lo que consideró el tribunal coruñés, alguna responsabilidad civil y el pago de parte de los daños de la catástrofe.

Afectados españoles y franceses, entre ellos el Consejo General de Bretaña, han igual presentado un recurso ante el Supremo. Este tribunal empezará esta misma semana a convocar a las 17 partes que han recurrido para oír sus argumentos. Unas comparencias que llevaban seis meses pendientes dado que hasta la semana pasada, y sólo a través de su procurador en España, la Justicia no fue capaz de conseguir notificar a Mangouras en su domicilio griego la sentencia emitida el pasado 13 de noviembre, en el undécimo aniversario de la catástrofe. Un trámite aparentemente fácil que resultó tan rocambolesco y lento de cumplir -el fallo tiene que notificarse personalmente a cada uno de los que se sentaron en el banquillo de los acusados- como lo fue la propia instrucción judicial de la marea negra. Duró nueve años y fue tan accidentada como enrevesada.