El pelotazo de la depuradora de Borriol, en los tribunales

La fiscalía de Castellón ha abierto una investigación sobre el escándalo de la depuradora de Borriol que le iba a granjear a quien era vicepresidente de la Diputación y encargado de la cartera de obras y servicios, Francisco Martínez, un beneficio de 48.000 euros. El presidente de la Diputación, Javier Moliner, declaró este jueves ante el fiscal por este caso. Otros políticos y técnicos han desfilado por la ciudad de la justicia desde este martes.

Martínez proyectó la obra de Borriol afectando a una parcela cuya propiedad comparte con sus hijos. El Ayuntamiento iba a comprar el solar (2.700 metros cuadrados) por 51.000 euros, pese a que estaban valorados en 3.000. El mismo día en que el pleno municipal iba a aprobar la operación, el edil de Compromís desveló de quién eran los terrenos que se escondían bajo el nombre de Franvaltur (una de las empresas familiares de Martínez).

Javier Moliner le destituyó ese mismo día como vicepresidente y le apartó de sus responsabilidades en obras (se mantiene como diputado sin funciones delegadas) y eliminó el solar del proyecto al admitir que no eran necesarios para la depuradora. El portavoz de Compromís, Enric Nomdedéu, llevó el caso y los documentos a la fiscalía de Castellón al estimar que Martínez pudo utilizar información privilegiada en beneficio propio. Y con ello, el fiscal acaba de abrir diligencias de investigación penal y ha comenzado a citar a técnicos y políticos.

Por la fiscalía pasaron este jueves Javier Moliner, el exalcalde de Borriol, Adelino Santamaría (dejó el cargo poco después de conocerse la operación), y Enric Nomdedéu. Todos ellos en calidad de testigos. El portavoz de Compromís fue el primero en declarar y lo hizo durante casi una hora. Tras él pasaron Moliner y Santamaría.

Desconocimiento

El exalcalde de Borriol manifestó en su día que desconocía que Martínez, compañero suyo en la Diputación, era uno de los propietarios de las fincas que iban a ser expropiadas, según el edil de Compromís, a precios muy elevados. Aseguró que la polémica finca fue adquirida en el año 2011, época en la que la Generalitat abandonó el proyecto de la depuradora y lo asumió la Diputación. Desde ese momento, el solar pasó de ser “no imprescindible” a “necesario” para la obra dotacional.

La fiscalía ha tomado declaración también a técnicos vinculados con el proyecto en calidad de testigos.