El TSJM archiva una denuncia de IU contra una de sus diputadas por ‘hacker’

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha archivado y sobreseído la denuncia que Izquierda Unida presentó contra Libertad Martínez, diputada regional del partido, su esposo y otro individuo, “al no existir base para la acusación de los imputados” a raíz de un ataque a la página web de IU de Sevilla entre el 9 y 11 de abril de 2011.

La denuncia de IU se basaba en un informe policial según la cual Martínez había suplantado en el ciberespacio al coordinador federal, Cayo Lara, con el propósito de anunciar la expulsión de Miguel Reneses de la formación por la imputación de este por un presunto delito de acoso sexual. Las “diferencias notables” entre Martínez —a quien Lara llegó a abrir un expediente de expulsión— y Reneses reconocidas por testigos e imputados no convencieron al fiscal, para quien “no rebasan de las meras sospechas, sin que tan siquiera pudieran plantearse” en el caso de la parlamentaria, y “sin la relevancia suficiente como para fundamentar” la acusación.

En las diligencias previas, el teniente fiscal ya consideró que procedía “acordar el sobreseimiento provisional y archivo” de las actuaciones, “fundamentalmente” por el dictámen técnico pericial emitido por la unidad de delitos informáticos de la Policía Científica. La fiscalía expone sus “reservas” ante lo que los peritos definieron como un ataque cibernético “de gran sofisticación” a través de ordenadores intermedios. Sobre todo por la conclusión a la que llegaron, cuestionada por el fiscal: “El desenmascaramiento de los atacantes se produjo por visitas posteriores y plenamente legales a la página web atacada, visitas materializadas desde los propios ordenadores de los imputados”.

Los peritos razonaron que el delito lo protagonizaron Martínez y su marido por sus visitas a la web, “a fin de alcanzar la certidumbre de que el ataque se había producido”. Un comportamiento “torpe” según los investigadores y una justificación peregrina para la fiscalía, a quien resulta “difícilmente explicable en personas con alta cualificación informática y que deberían conocer la huella o rastro que dejaban como consecuencia de tan inocente visita a dicha página”.

El marido de la parlamentaria autonómica manifestó en su declaración que Martínez “carecía en absoluto de conocimientos informáticos, y no accedía a su ordenador, el cual lo usaba en exclusiva él personalmente”. Además, siempre sostuvo que su computadora funcionaba con el sistema operativo Macintosh, “lo que imposibilitaría que desde dicho ordenador se hubiera materializado el ataque cibernético”, prosigue el fiscal. Un extremo confirmado por los peritos, tajantes a la hora de reseñar que la acción se realizó con el sistema operativo Windows.

Aparte de los ataques entre el 9 y 11 de abril, posteriormente se produjeron “nuevos abordajes sobre dicha página, lo que motivó nuevas denuncias sin que conozcamos el resultado de las posteriores investigaciones policiales”, subraya el fiscal. La policía reconoció la posibilidad “de que terceros que hubieran dispuesto de señal nítida se hubieran servido de las IP identificadas como atacantes para desarrollar el ataque” contra la página web de IU Sevilla. Es decir, que los hackers denunciados por IU podrían haber sido en realidad los pirateados.