Martínez y Alperi, dos casos diferentes

El exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y la alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, La Perla, han renunciado a sus escaños cada uno a las puertas de un juicio por corrupción. La situación de ambos es, sin embargo, distinta. La decisión de Alperi implica que su causa por fraude fiscal y cohecho se irá a la Audiencia de Alicante para ser juzgada. Casi todo es discutible en derecho, pero eso parece inevitable. Las dimisiones de Martínez y la de la también exdiputada Angélica Such no garantizan, en cambio, que su causa —amaño de contratos para la trama Gürtel— salga del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Los populares Martínez, Such y Alperi estaban anclados a este tribunal por su condición de aforados, dado que eran diputados en las Cortes Valencianas.

La clave está en las fechas de las renuncias. Such y Martínez lo hicieron el 28 de febrero y el 21 de marzo, respectivamente. Una se resistió menos y otra más. A efectos jurídicos eso resultó irrelevante. Lo importante es que ambas dejaron el escaño después del 19 de febrero de 2014, que fue el día en que el Tribunal Superior fijó las fechas del juicio. Una corriente jurídica considera que esa es la frontera a partir de la cual la competencia de un tribunal queda establecida y nada de lo que ocurra después lo puede alterar. De ser así, Martínez y Such serán juzgadas en el TSJ.

Otro punto de vista sostiene, en cambio, que el momento de no retorno es el primer día de juicio. Sobre ello debaten los cinco magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJ, que suspendieron el inicio de las sesiones previstas para el 31 de marzo para decidir si se quedan con el juicio de Gürtel o se desprenden de él.

El tribunal abrió el juicio contra Alperi el 1 de marzo. Pero las fechas del mismo, en cambio, aún no han sido señaladas.

Muchos jueces se debieron reafirmar en la opinión de que es necesario reformar urgentemente la figura del aforamiento después de haber oído este miércoles a Sonia Castedo. La diputada del PP y alcaldesa de Alicante está imputada con Alperi por amañar el plan urbano de la ciudad en el caso Brugal. Castedo declaró que ella también dimitirá, lo que supondrá que Brugal también abandonaría el TSJ. Pero que lo hará cuando “cuando considere”. Son esa clase de cálculos en la pérdida de la condición de aforado las que la Fiscalía Anticorrupción considera que “revisten carácter de fraude de ley”.