La Fiscalía de Málaga archiva la causa por las críticas del cardenal a los gais

La fiscalía de Málaga ha archivado las diligencias abiertas para determinar si las declaraciones sobre los gais realizadas por el cardenal Fernando Sebastián, recientemente nombrado por el Papa Francisco, incurrían en algún tipo de infracción penal. El purpurado, en una entrevista, definió la homosexualidad como una “deficiencia” que se puede normalizar “con un tratamiento adecuado”. La confederación española Colegas (colectivo de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales) denunció estas palabras ante el ministerio público por si tenían encaje en alguno de los supuestos del Código Penal que tipifica como delito los hechos que provoquen odio, discriminación o violencia por motivos racistas, antisemitas, ideológicos, de sexo u orientación sexual, entre otros (artículo 510).

La fiscal encargada de la investigación, en su escrito, hace un análisis pormenorizado de las declaraciones de Sebastián y de la situación en que se realizaron, y una de sus primeras conclusiones es que la finalidad no era “en absoluto” la difusión “de un discurso de odio”. Llega a esa deducción por “el tono, contenido y contexto” de la entrevista, en la que se trataron “aspectos heterogéneos” con motivo de su nombramiento como cardenal. “Al principio de dicha charla se habla, literalmente, de ‘respeto, acogida y afecto al homosexual’, por lo que difícilmente (…) pueden entenderse como creadoras de un clima de discriminación y odio”, añade.

La representante del ministerio público alude a que la homosexualidad dejó de estar considerada una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud en 1990 y que organismos como la Asociación Americana de Psiquiatría han denunciado que “no solo no hay evidencia” de que las supuestas terapias de reorientación sexual “sean efectivas”, sino que “pueden ser dañinas y plantear dilemas éticos”.

El cardenal, por tanto, está “distanciándose” de la postura de la mayoría de organismos internacionales y “no solo yerra en sus declaraciones, sino que es entendible que el colectivo afectado pueda sentirse ofendido”, apunta el escrito. Sebastián incurre “en error” y puede “causar ofensa”, aunque eso no lo hace responsable del delito denunciado.

Para la fiscal, las palabras de Sebastián están amparadas por el derecho a la libertad de expresión y en este caso también “entra en juego” el derecho a la libertad religiosa y de culto. “Desde el momento en que el Catecismo de la Iglesia Católica, aunque lógicamente no tenga que ser compartido por nadie, es un libro protegido por la legislación española, que permite su publicación y difusión por cualquier medio a pesar de que hable de los actos homosexuales como ‘contrarios a la ley natural e intrínsecamente desordenados’, deberá como legítima consecuencia permitirse que quien profese dichas creencias (…) las refiera o enuncie públicamente, porque en caso contrario estaríamos menoscabando gravemente” ese derecho, concluye el escrito.