Barcelona lidera la oposición municipal de Cataluña a la reforma local

La nueva ley local genera un amplio rechazo en Cataluña. Su capital, Barcelona, no se vería afectada por sus reformas al disponer de carta municipal propia, pero el Ayuntamiento ha decidio liderar la oposición de los municipios a la ley. El consistorio presentó ayer en la Delegación del Gobierno la documentación necesaria para pedir al Consejo de Estado un dictamen sobre la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. La incitativa cuenta con el apoyo de 2.300 municipios españoles que suman 16,5 milones de habitantes, más del doble de los requeridos legalmente para solicitar el dictamen. El 90% de los 947 Ayuntamientos catalanes se han sumado a la petición; porcentualmente, Asturias y Andalucía le siguen como provincias con más oposición a la nueva ley.

El acto contó con el apoyo de las dos entidades municipalistas catalanas, la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la Federación de Municipios de Cataluña (FMC). Sus presidentes, Miquel Buch y Xavier Amor, acusaron al Gobierno del PP de “luchar contra los municipios” y destacaron el repudio prácticamente unánime que la norma ha suscitado entre las localidades catalanas.

A escasa distancia de la delegación del Gobierno, en el Parlament de Cataluña, la mayoría de formaciones votaban a favor de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por la presunta invasión de competencias de la Generalitat y los Ayuntamientos que supondría, según el Consejo de Garantías Estatutarias, la aprobación de la nueva norma. Solo discreparon de la petición mayoritaria el PP, que votó en contra, y Ciutadans, que se abstuvo.

“La ley es mala para Cataluña, muy mala para los Ayuntamientos, y nefasta para los ciudadanos, además de vulnerar el Estatut y la Constitución”, enfatizó el diputado nacionalista Albert Batalla. Para Marc Sanglas, de ERC, la norma se enmarca “en el proceso de recentralización que lleva a cabo el PP”. Ciutadans razonó su abstención criticando que el Parlament acuda al TC cuando justo el miércoles los partidos favorables a la consulta habían cargado contra el Constitucional por anular la declaración de soberanía. La ley contó con la única defensa de Alicia Alegret, del PP, que retó a los partidos a ofrecer propuestas: “Hay una cruzada contra la ley, pero nosotros aún no hemos visto ninguna alternativa mejor”.