El PNV y el PSE piden responsabilidades políticas por un contrato “abusivo”

Los grupos municipales del PNV y el PSE en Vitoria han pedido este lunes que se depuren responsabilidades políticas por un contrato de alquiler "abusivo" firmado durante el mandato como alcalde del popular Alfonso Alonso, que supondrá un desembolso de entre seis y siete millones de euros.

Los portavoces de ambos partidos, el peneuvista Gorka Urtaran y el socialista Patxi Lazcoz, han comparecido hoy por separado para dar a conocer las conclusiones de sus grupos en la comisión municipal que ha investigado el alquiler de unos locales en la calle San Antonio, firmado en 2007.

La comisión tendrá listo el informe definitivo el próximo viernes y posteriormente, será debatido en pleno. Bildu ha pedido la dimisión de Alonso, actualmente portavoz del PP en el Congreso, y del actual regidor, el también popular Javier Maroto. Para la coalición abertzale ha quedado demostrado que dieron un "trato de favor" a la empresa Sbayre, a la que alquilaron los locales para albergar los servicios de atención ciudadana y la oficina de turismo. PNV y PSE no se han sumado por ahora a esta petición a la espera de disponer del informe definitivo y para no generar "inestabilidad política", según el primero.

Con todo, Urtaran ha exigido que se depuren "todas las responsabilidades políticas" derivadas de este contrato y ha dicho que su partido no descarta acudir a la Fiscalía de Álava para pedir que investigue los hechos, secundando así a Bildu.

Tanto nacionalistas como socialistas han asegurado que el contrato de alquiler no respondió al interés general y han advertido de que va a suponer un coste muy superior al de su compraventa. El PNV ha recalcado que, si el dueño del local, el hostelero vitoriano Gonzalo Antón, pagó en 2006 un total de 2,7 millones por el mismo, con este contrato el Ayuntamiento estaba obligado a pagar 7,6 millones, entre alquiler y obras, por veinte años de uso, un 181,5% más del precio de compraventa. Para los socialistas, la cifra global rondará los seis millones de euros, "prácticamente 2,5 veces lo que costó el local".

El alquiler se suscribió por un plazo de 20 años con una renta que se actualizaba anualmente y que llegó a ser de nueve puntos por encima del IPC. Maroto renegoció en noviembre el contrato y consiguió rebajar un 30% el alquiler, fijar el precio en el IPC y reducir a 10 los años de vinculación.

El PSE ha emplazado al alcalde a abordar una nueva renegociación para eliminar la cláusula de blindaje y le ha exigido que elabore en dos meses un protocolo de gestión de bienes inmuebles para evitar nuevos contratos "abusivos".

La portavoz del PP en la comisión de investigación, Ainhoa Domaica, ha asegurado que Maroto no renegoció el contrato presionado por la oposición sino porque "lo tenía en mente" y ha advertido de que si lo hubiera hecho su antecesor, el socialista Patxi Lazcoz, el ahorro habría sido de 3,8 millones en lugar de los 2,5 actuales.

Domaica ha criticado el "interés político y partidista" de la comisión al investigar un contrato sucrito en 2007 y que "no ha interesado hasta ahora". A su entender, lo que se persigue es "desgastar" a Maroto y a Alonso. La concejal ha considerado que fue un "buen" contrato de alquiler para 2007, en plena burbuja inmobiliaria, y ha defendido que se firmara por un plazo largo (20 años) para amortizar la inversión en las obras (1,2 millones).

La edil popular ha concluido que no se pueden pedir responsabilidades políticas a Alonso por la firma de este contrato, ya que los trabajos de la comisión "acreditan la inexistencia de responsabilidades penales ni políticas".