La instrucción del ‘caso De Miguel’ entra en la fase final

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, Roberto Ramos, que investiga desde hace ahora cuatro años una presunta trama de corrupción de la que formarían parte el ex 'número dos' del PNV en Álava Alfredo De Miguel —detenido el 18 de marzo de 2010— y cuenta ya con 25 imputados, tomará declaración a, posiblemente, los cuatro últimos, los próximos días 25 y 27 de este mes. Después de numerosas dificultades y trabas, incluso políticas como la falta de colaboración institucional para agilizar el caso, —la Ertzaintza tardó más de un año en entregar un informe policial de la investigación de Zambrana, que en condiciones normales se puede finiquitar en tres meses— las tres líneas de investigación que han impulsado el magistrado y la fiscalía están ya en vías de finalizar. La línea de Zambrana hace referencia a una millonaria recalificación urbanística que De Miguel abortó siendo diputado foral deprisa y corriendo tan pronto como el PSE desplazó al PNV del Gobierno vasco, pero que costó varios millones de euros a un grupo de inversores catalanes. Superado el retraso imputable al cambio de Gobierno y el impacto que ha podido tener en la causa que la actual consejera de Interior, Estefanía Beltrán de Heredia, fuera compañera de gabinete de Alfredo De Miguel en el Gobierno foral de Xabier Agirre cuando estalló el caso, fuentes próximas al mismo estiman que el fin de la instrucción llegará esta primavera.

De Miguel también

De ser así, los imputados, en su mayoría cargos públicos y miembros del PNV, así como sus familiares, se enfrentarían a una vista pública quizás para la primavera de 2016. El Parlamento vasco en su informe sobre el caso De Miguel concluyó que la trama empresarial que controlaba el ex número dos del PNV en Álava, conformada por las mercantiles Kataia Consulting —presunta tapadera para el cobro de comisiones ilegales—, Errexal —promotora sociocultural de primera línea del PNV— y Ortzi Muga, manejaban todas ellas información privilegiada para contratar con el Gobierno vasco. La cámara también constató que la De Miguel intercedió desde su cargo público, en 2006, en el parque tecnológico de Miñano, dependiente del Departamento de Industria y donde el político no tenía ningún cargo entonces, para que dos mercantiles, Urbanorma Consulting y Stoa, fueran las beneficiarias de los dos grandes contratos suscritos por el parque para la ampliación de sus terrenos. Cobraron 440.000 y 375.000 euros, respectivamente. Hace ahora un año la Sección Segunda de la Audiencia de Álava absolvió a los tres acusados del caso Tellería, el exnúmero dos del PNV en el territorio, Aitor Tellería, y los ertzainas, Jesús Alfonso Acha y Carlos Lau, de un delito de espionaje. “Los indicios no pueden desvirtuar la presunción de inocencia”, concluyeron los magistrados.