¿Reivindicar o ser?

Los movimientos sociales están extendiendo su esfera de actuación. En los últimos tiempos estamos viendo la emergencia de grupos que afirman "ser" (Som Energia, Som lo que Sembrem, Som Escola, Som Connexió,...), cuando antes predominaban los “Volem” y los “Salvem”. Algo está cambiando. Sin abandonar la reivindicación, sin dejar de expresar la clara voluntad de incidencia en las instituciones y la resistencia u oposición a lo que consideran injusto, empiezan a dar un paso más: quieren ser, quieren hacer directamente, sin intermediarios. Y muchas veces asumen la condición de cooperativas, uniéndose a la Xarxa d'Economia Solidària (www.xes.cat).

La novedad es que no esperan a ser atendidos por los poderes públicos, actúan. Sabemos que el proceso de democratización del Estado liberal estuvo plagado de reivindicaciones sociales. Unas reivindicaciones destinadas tanto a conseguir que los poderes públicos atendieran una gran diversidad de demandas destinadas a mejorar tanto las condiciones de vida como a tener más influencia popular en un sistema de decisiones públicas en el que solo unos pocos podían votar e influir.

En el siglo XX se consiguió el sufragio universal, y en Europa, tras la derrota del fascismo, el pacto subsiguiente consagró un conjunto de derechos básicos, sustentado en una política fiscal de carácter progresivo y unas políticas sociales con finalidades redistributivas. Como refleja el magnífico documental de Ken Loach, El espíritu del 45, el problema surgió cuando la ciudadanía, decisiva en la consecución de ese gran proceso de democratización en las reglas de juego (sufragio universal y pluralidad de partidos) y en los valores (igualdad y justicia social), consideró que la batalla estaba ganada y que a partir de aquel momento, el Estado y sus “delegados” en el poder (cargos electos, servidores públicos), se ocuparían de la buena administración del sistema.

La desmovilización ciudadana debilitó decisivamente las bases en que se había fundamentado ese gran cambio. Y la globalización y la financiarización económica, con los impactos evidentes en las capacidades fiscales de los poderes públicos y su captura por endeudamiento, ha hecho el resto.

En estos años, esta progresiva erosión de las bases legitimadoras de la democracia por su alejamiento de sus valores fundacionales (igualdad, justicia social, control popular de las decisiones), tuvo su respuesta en grandes movilizaciones sociales. La participación ciudadana se concentró en defender lo que se había conseguido. En evitar que las decisiones que se fueran tomando en el plano legislativo o desde la acción de los poderes públicos implicaran pérdida de derechos y de protagonismo popular. La política institucional era el espacio al que se dirigían las protestas, las acciones reivindicativas.

Lo que está sucediendo ahora es que, sin dejar de mantener la presión sobre las instituciones y los partidos que las gobiernan, los movimientos sociales, la acción popular, se han ido dando cuenta que han de complementar esa labor con la capacidad de poner en pie estructuras institucionales propias. No se trata solo de incidir y resistir, sino también de disentir construyendo alternativa. Demostrar, con ese “éxodo” de las instituciones, que no todo va a encontrar solución en y desde la acción de los poderes públicos constituidos.

Sabemos que lo legal y lo legítimo no siempre coinciden. Y diríamos que la tensión de los últimos años ha ido acrecentando las posibles divergencias. Tenemos cada vez más ejemplos de desobediencia civil ante atropellos institucionales. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha puesto encima de la mesa muchos ejemplos de combinación de acciones legales con acciones que expresaban de manera pacífica el desacuerdo con lo que legalmente estaba establecido y que iban adquiriendo a ojos de la ciudadanía una creciente legitimidad.

Estas últimas semanas, la movilización de “Stop Subidas” ha ido incrementando sus capacidades, demostrando que las resistencias de la gente en aspectos que afectan directamente su subsistencia tienen ahora un gran potencial movilizador. Temas como energía, alimentación, educación, sanidad, y cada vez más, el derecho a Internet, se muestran como espacios en los que la organización social, combinada con prácticas de reivindicaciones frente a los poderes públicos y con capacidad de construcción de espacios propios en los que demostrar que existen otras formas de plantear soluciones a temas vitales básicos, tienen un notable recorrido por delante. Lo que aún falta es la capacidad de articular de manera trasversal ese conjunto de expresiones de rechazo a lo que ocurre y de construcción de alternativas propias y viables. Pero, va quedando claro que, cada vez más, participar es hacer.