El juez insinúa que Castedo retrasa el ‘caso Brugal’

La sombra del caso Brugal persigue desde septiembre de 2012 a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP. Desde que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJ) imputó a la regidora por el presunto amaño del urbanismo para beneficiar al constructor Enrique Ortiz, sus abogados insisten en una idea. “La instrucción dura demasiado”. Una mácula de sospecha que coincide con la cuenta atrás de las elecciones municipales de mayo de 2015, donde el presidente Alberto Fabra no quiere imputados.

El juez del caso Brugal, Juan Climent, responde en su último auto a las acusaciones de retrasar la instrucción lanzadas por la defensa de Castedo. El magistrado atribuye los tiempos de su investigación a la “extensión, repetición y escritos” de la alcaldesa. Y sugiere que la ofensiva jurídica de sus abogados repite argumentos pese a los sucesivos varapalos jurídicos.

Climent rechaza por quinta vez en año y medio la petición de levantar la imputación por cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. Justifica que no es el momento procesal. También descarta anular los pinchazos policiales grabados entre mayo de 2008 y junio de 2010, durante la recta final de la tramitación del PGOU bajo sospecha. Unas conversaciones donde Castedo informa a Ortiz del “apaño” del plan en el estadio Rico Pérez. “Apañar no es amañar, sino arreglar. Quienes conocemos a Castedo sabemos que utiliza mucho el término”, indica una fuente próxima a la regidora. Su defensa no descarta recurrir el último auto del juez y admite como una posibilidad más la apertura de juicio oral. “La instrucción se podría cerrar en quince días pero no será así”, señala.