La Generalitat lanza un último intento de pacto en la huelga de Panrico
La reunión se celebra la víspera del juicio La dirección pedirá al juez que la huelga sea declarada ilegal y cinco millones por daños


La Generalitat ha logrado volver a sentar a la dirección de Panrico y los trabajadores de la fábrica de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Oriental) que llevan casi cuatro meses en huelga indefinida. La reunión está prevista para este miércoles a las cuatro de la tarde en las dependencias de la calle de Sepúlveda del Departamento de Empresa y Empleo. Al día siguiente se celebrará en Sabadell el juicio por la demanda con la que la empresa busca que la huelga sea declarada ilegal y pide cinco millones de euros por daños y perjuicios a los diez miembros del comité de huelga.
La mediación, que fuentes próximas a la reunión aseguran que la Generalitat lleva semanas intentando conseguir, será la primera entre las dos partes que capitanea el director de relaciones laborales, Jordi Miró, tras la marcha de Ramon Bonastre a la consultora PWC. Las partes no se han sentado desde el pasado día 10 de enero, cuando el Gobierno intentó apaciguar los ánimos tras varios incidentes protagonizados por los piquetes que intentan impedir la distribución de productos que Panrico fabrica en otras plantas.
Los cinco millones de euros que la empresa pide corresponden a la suma de cuatro millones por lucro cesante —el dinero que se ha dejado de ganar por el paro de la fábrica—, 300.000 por supuestos daños materiales causados y 700.000 por el daño causado a la imagen del fabricante de Donuts y Bollycaos. Fuentes próximas al comité aseguran que la defensa tiene "argumentos muy contundentes para apoyar que la huelga es legal" y que, aunque la cifra de cinco millones —que los miembros del comité deberían aportar de su patrimonio personal— "impresiona", están convencidos de que la huelga no será declarada ilegal. La dirección no ha respondido a las preguntas sobre sus perspectivas y argumentos ante el juicio.
El juicio previsto para el jueves es uno en el cruce de demandas entre trabajadores y empresa. El Comité de Empresa impugnó el ERE que se cerró con 745 despidos —la mayoría en la planta catalana—. El juicio para dirimir si es o no nulo está previsto para el 20 de marzo en Madrid. Además, hay demandas individuales contra los despidos. Y todavía hay pendiente otra cuestión: la sanción de la Inspección de Trabajo a Panrico por vulnerar el derecho de huelga al distribuir en Cataluña productos fabricados fuera de la comunidad.
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