El juez pide a la CNMV que aclare si la actuación de Invercaria ha sido legal

Anticorrupción vuelve a marcar el rumbo del caso Invercaria. El magistrado que investiga las supuestas irregularidades en la empresa pública de la Junta ha accedido a las peticiones que la fiscalía le remitió el pasado 17 de enero, un escrito en el que le requería hasta seis diligencias. Entre ellas, el juez Juan Gutiérrez ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) información sobre si Invercaria vulneró la ley de empresas de capital riesgo. El magistrado también abrió diligencias en noviembre, a petición del fiscal, sobre siete empresas o agencias públicas andaluzas, entre ellas Radio Televisión de Andalucía (RTVA).

En el escrito, la fiscalía consideraba las diligencias requeridas “de interés para el buen fin de la investigación”. Junto a la petición de que la CNMV informe “sobre la existencia o no de infracción en materia de entidades de capital riesgo” por parte de Invercaria, Gutiérrez acuerda ampliar la investigación del caso —centrada hasta ahora en una treintena de empresas en las que invirtió la entidad pública— a las participaciones que la agencia Idea hizo desde 2004 en compañías de capital riesgo o en las que haya coincidido como inversor con Invercaria.

A tenor de las declaraciones en julio de la auditora de la Cámara de Cuentas Amelia Martínez Sánchez, en las que aseguró que el órgano “no tiene función jurisdiccional y solo fiscalizadora” y que es el Tribunal de Cuentas el que debe alertar de cualquier irregularidad, Anticorrupción pedía además que la Cámara de Cuentas informe sobre las “directrices y prácticas” de sus equipos técnicos en los trabajos de fiscalización “ante la existencia de indicios de responsabilidad contable” en las empresas auditadas.

Anticorrupción pide que se indague en las inversiones de la agencia Idea

El titular del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla también ha accedido a que se investigue “toda la documentación relativa al pago de indemnizaciones y finiquitos por extinción de relación laboral” para determinar “la procedencia o no de las cantidades abonadas o compensadas, en su caso”. Además, los dos peritos del cuerpo de Inspectores de Trabajo deberán informar sobre las contrataciones de personal en la empresa pública, con especial atención a los denominados mochileros —trabajadores que no prestaban sus servicios en la sede de Invercaria pese a que estaban en nómina de la empresa y que recogió la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización del 2009—.

Estas nuevas diligencias coinciden con el recurso presentado por Cristóbal Cantos, el directivo que dio origen al caso Invercaria y actual director financiero de la Zona Franca de Cádiz, contra la decisión del juez de rechazar su personación en la causa como acusación particular. El magistrado entiende que no puede considerarse a Cantos “parte perjudicada”. En su recurso, Cantos muestra su “sorpresa” y recuerda que las actuaciones “se incoaron sobre la base de la denuncia” que el exdirectivo presentó. “Sí debe ser considerado como parte perjudicada, dado que, precisamente por negarse a realizar las irregularidades que le exigían, [...] fue despedido de manera improcedente”, argumenta Cantos, imputado por las inversiones de 300.000 euros en Fumapa cuando él era director de Promoción de Invercaria.