Los empresarios fuerzan que Feria Valencia aclare si es pública o privada

La nueva dirección de Feria Valencia, controlada por los empresarios, forzó ayer a que el patronato de la institución, integrado también por políticos y presidido por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, zanjen en tres meses la naturaleza pública o privada del recinto ferial. La postura de los políticos y de los anteriores responsables de la feria ha sido durante años que se trata de una institución privada. Ello permitía a la institución flexibilidad a la hora de trabajar y opacidad a la hora de rendir cuentas sobre el uso y las cuentas de la feria. Por ejemplo: la feria ha tardado cinco años en reconocer, y solo lo ha hecho tras el relevo de su cúpula, tomada por los empresarios, que el PP le debe desde 2008 más de medio millón de euros por haber celebrado allí sus congresos regional y nacional. Un asunto por el que se ha interesado también el juez que investiga el caso Gürtel en Valencia, José Ceres.

El patronato de la feria, a propuesta del presidente del comité ejecutivo y también de la patronal valenciana (Cierval), José Vicente González, se marcó ayer un plazo de tres meses para “determinar el marco normativo en el que la institución deberá operar en el futuro”. La institución señaló que desde 1935 ha operado bajo el derecho privado, pero reconociendo que el Banco de España la considera parte del sector público, al igual que la Sindicatura de Comptes, que ha pedido reiteradamente su contabilidad para fiscalizarla. También un juzgado de Valencia se inclinó indiciariamente por su naturaleza pública al admitir la semana pasada una denuncia de la federación de comercio del mueble contra la cesión sin procedimiento público alguno de un pabellón de la feria a la gran superficie Teyoland.

Los nuevos responsables de la feria saben que la cuestión es hoy muy difícil de defender. Desde 2009 los ingresos de la feria son claramente inferiores a la aportación que realiza la Generalitat para sufragar la gigante e innecesaria ampliación que el Gobierno valenciano inició en tiempos del expresidente Eduardo Zaplana. Las obras debían costar 300 millones pero se multiplicaron. Hoy por hoy la deuda por aquella ampliación, a la que hace frente cada año la Generalitat, se eleva a más de 500 millones de euros.

El plan de la dirección de la feria es que al término de los tres meses de reflexión que se abrieron ayer, la feria quede dividida en dos sociedades, como aseguran que ocurre en otros lugares de Europa. Una pública, que sería propietaria de las instalaciones y de su deuda. Y otra sociedad privada, que se encargaría de gestionar el recinto y de organizar los certámenes sin tener que someterse a los procedimientos propios de una administración pública que, según consideran los empresarios, harían inviable la feria.