El gasto social retrocede una década

Los sucesivos tijeretazos aplicados por el Gobierno de Artur Mas desde que volviera a asumir la presidencia de la Generalitat en 2011 han llevado a Cataluña a retroceder una década entera en gasto social. Tras ejecutar una recorte del 22% desde 2011, el gasto por habitante —descontado el efecto de la inflación— se sitúa en 1.901 euros por habitante, lo cual supone regresar a niveles de 2004. “No es el fin de los recortes, es el fin de nuevos recortes”, advirtió el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, que ayer llevó el proyecto de Presupuestos de 2014 al Parlament.

Tanto CiU como ERC, no obstante, ayer quisieron resaltar el peso del gasto social en el conjunto de los Presupuestos, que será del 71,1% tras destinar 91 millones de euros más a necesidades sociales que Mas-Colell consideró “ineludibles”, como la Renta Mínima de Inserción (RMI), las becas comedor, políticas de vivienda para dar cobertura a los afectados por desahucios y la lucha contra la pobreza infantil. Tras constatar que el gasto social “no podía” seguir cayendo, Mas-Colell ha incrementado para 2014 el gasto de los departamentos que concentran el Estado de bienestar, aunque un exiguo 0,7%. Sin embargo, desde 2010, la rebaja presupuestaria de esas consejerías habrá bajado el 20%.

En total, los departamentos contarán con 20.372,7 millones de euros, el 0,2% más que el año pasado. Los intereses de la deuda crecerán, aunque de forma más moderada que otros años, hasta los 2.077 millones de euros. Esa cantidad supone que la Generalitat está pagando por intereses más de lo que destina a las consejerías de Interior, Territorio, Bienestar y Empleo o Empresa y Empleo. Las inversiones públicas volverán a bajar, hasta los 1.196,4 millones de euros, lo cual supone regresar a niveles de la década de los noventa.

Las previsiones económicas —elaboradas antes de que la Comisión rebajara las perspectivas para España— prevén un crecimiento del 0,9% y la creación de solo 3.000 puestos de trabajo. Eso supondría una tímida mejora de la tasa de paro, que bajaría al 23,1%.