La Junta expropia la primera vivienda con la duda de si Rajoy recurrirá la ley

Una vecina de Huelva, María del Carmen Andújar, su marido y sus dos hijos de 15 y 17 años son los primeros beneficiarios de la ley contra los desahucios que entró en vigor en Andalucía la semana pasada. La norma, que sustituye al decreto que ha paralizado el Tribunal Constitucional tras el recurso del Gobierno central, permite a la Junta expropiar durante tres años el uso de viviendas de familias amenazadas de desahucio y que estén en riesgo de exclusión social. “La expropiación es, si me permiten la analogía, un colchón para quien cae al vacío”, lo definió ayer la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU).

El Consejo de Gobierno andaluz aprobó la primera expropiación, la que beneficia a María del Carmen Andújar. Su expediente fue también el primero que inició la Junta tras aprobar el decreto, pero se quedó en suspenso cuando el Constitucional paralizó la norma. La Junta ha convertido el decreto en ley, lo que le ha permitido reactivar ahora las expropiaciones.

La familia de Huelva cumple todos los requisitos para acogerse a la norma: tiene unos ingresos mensuales inferiores a 542 euros (nivel 3 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) y su situación económica ha sufrido “un importante menoscabo” desde que le concedieron el crédito. La familia perdió su vivienda en octubre de 2011, después de 15 meses sin pagar la hipoteca. El banco le vendió su crédito a AYT Mixto III, un fondo de titulación de activos, que solicitó el desahucio por la vía judicial. La familia tenía fecha de lanzamiento para el pasado 14 de mayo, pero consiguió pararlo al acogerse a la norma autonómica.

La Consejería de Fomento ha ofrecido al fondo de titulación de activos 4.711 euros por el uso de la vivienda durante tres años (el 2% del precio por el que la sociedad se adjudicó la vivienda). Si AYT no acepta esta cantidad en los próximos 15 días, la Junta iniciará los trámites para la ocupación urgente del inmueble mientras la Comisión Provincial de Valoraciones, dependiente de la Consejería de la Presidencia, fija un justiprecio. Aunque el trámite se llama “urgente ocupación”, la familia no ha abandonado ni tendrá que abandonar la casa. El acuerdo del Consejo de Gobierno le asegura poder seguir habitando su vivienda a cambio de un alquiler social equivalente al 25% de sus ingresos familiares, alrededor de 130 euros al mes.

A María del Carmen Andújar la noticia le ha quitado “la angustia” que le había robado la tranquilidad y el sosiego en los últimos meses, informa Lucía Vallellano. “Ya no tengo esa cosilla que no me dejaba vivir”, afirmaba ayer la mujer, que podrá seguir viviendo tres años más en su piso ubicado en la calle Alonso de Ercilla, en la Hispanidad, una barriada humilde de la capital onubense. “Me gustaría que la vivienda fuera de mi propiedad, pero al menos así no estoy en la calle, que era el mayor temor de mi familia”, reconoció. La mujer trabaja media jornada para una empresa de limpieza. Su renta roza los 400 euros mensuales y su marido, en paro, cobra una ayuda de otros 400 que termina en enero.

La consejera de Fomento no escondió ayer su satisfacción por el paso dado por el Consejo de Gobierno. “Del 'sí se puede' hemos pasado al 'hemos podido”, dijo Cortés, que recordó que en los tres meses en los que el decreto estuvo en vigor se han publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) 18 expedientes de expropiación de viviendas: 6 en Málaga, 4 en Sevilla, 3 en Almería, 2 en Granada, 2 en Huelva y 1 en Cádiz. “Parecen números, pero no lo son. Son personas, con nombres y apellidos. Con hijos, hijas, padres, madres, hermanos, hermanas, novios, novias, amigos y amigas”, recordó Cortés.

La consejera apuntó que su departamento prevé reactivar en los próximos días esas otras 17 expropiaciones que quedaron frenadas al suspenderse el decreto. “Y tenemos muchos más en tramitación”, advirtió a titular de Fomento, que avanzó que hay otros 113 expedientes listos para ser publicados en el BOJA.

La Junta sabe que el Gobierno central está estudiando si recurre la ley, como ya hizo con el decreto, lo que podría volver a dejar la norma en suspenso. Un portavoz del Ministerio de Hacienda señaló ayer que el Ejecutivo de Mariano Rajoy todavía no ha tomado una decisión. La Junta confía en que el Gobierno acceda a negociar en una comisión bilateral. Pero si la Administración central insiste en recurrir, las expropiaciones ya aprobadas no corren peligro, aseguran fuentes de Fomento.