El juez impone una fianza civil de 1.200 millones a la cúpula de Pescanova

Los diez consejeros y directivos de Pescanova acusados de falsear las cuentas de la compañía para captar nuevos inversores y de vender sus acciones inmediatamente antes de hacerse públicas las dificultades financieras de la empresa para evitar estragos en su patrimonio personal deberán prestar una fianza de responsabilidad civil de 1.200 millones de euros. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz emitió el pasado 16 de agosto un auto —resolución razonada— en el que impone este pago tanto a la cúpula de Pescanova como a la propia multinacional pesquera y a las sociedades patrimoniales de varios de los consejeros.

Este dinero servirá para hacer frente a las multas e indemnizaciones que pueden recaer sobre ellos en caso de ser condenados por los delitos societarios, contra los consumidores, de estafa y falsedad en documento mercantil. Hasta el momento, el juez Ruz ha admitido no menos de ocho querellas y tres denuncias de distintos accionistas —tanto grandes como pequeños— perjudicados por las supuestas maniobras fraudulentas de los directivos de Pescanova.

La mayor de las fianzas civiles ha sido impuesta a Manuel Fernández de Sousa-Faro, que fue durante 37 años presidente de Pescanova y que dimitió el pasado 17 de julio. El exdirigente deberá consignar en el juzgado antes de diez días un total de 178,85 millones de euros. A esta cantidad hay que sumar los 69,4 millones cada una que deberán prestar las sociedades Sodesco, Inverpesca y Sociedad Gallega de Importación de Carbones, a través de las cuales Fernández de Sousa-Faro vendió sus paquetes de acciones entre diciembre de 2012 y el 27 de febrero de 2013. Al día siguiente de la última venta de títulos, el presidente de Pescanova comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la decisión de no presentar las cuentas de 2012. El 1 de marzo, el regulador suspendió la cotización de la pesquera gallega, cuyas acciones cayeron de 17,60 a 5,90 euros.

Fuentes próximas a Fernández de Sousa-Faro anunciaron que este recurrirá la decisión del juez Ruz en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La defensa del expresidente de Pescanova entiende que la fianza “no se justifica ni por la causa, ni por lo prematuro del momento ni por la cuantía”, que, según ellos, está basada “únicamente en lo que dicen los querellantes”.

En su auto, el juez Ruz explica que la investigación del llamado caso Pescanova se halla en una fase “inicialísima”. El magistrado sostiene que para la fijación de las fianzas civiles basta la “simple aparición” de los indicios de criminalidad que se recogen tanto en las múltiples querellas de los perjudicados como en los distintos dictámenes del ministerio fiscal.